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Comprar un banco por 1 euro y la Mezquita de Córdoba por 30 euros

01/03/2012 1 comentario

Un euro es el precio que pagó el Banco Sabadell por la maltrecha CCM, y treinta euros los que pagó la Iglesia por hacerse con la propiedad de la Mezquita de Córdoba. No es que a mí me apetezca convertirme en banquero o cura. Ni tampoco le aconsejaría a usted, amable lector, que adquiriese el agujero de pérdidas que es CCM, pero puestos a malvender las cosas, ¿Qué tal si lo hacemos en subasta pública?

Puede que algún grupo de trabajadores quiera adquirir en régimen de cooperativa la entidad financiera, y pagar por ello… no sé, ¿100 euros? Sin duda son 100 euros más de lo que realmente vale, pues sus deudas son brutales, pero ¿acaso no estamos en un sistema de libre mercado? Se llama capitalismo.

Sin embargo las reglas no son iguales para todos, y si usted no pertenece a la secta iniciada de los banqueros, no le dejarán comprar un banco aunque pague más de lo que otros ofrecen. Tampoco podrá apropiarse de un bien de patrimonio público por una cantidad irrisoria y libre de impuesto. Para eso tiene usted que ser cura. 

La deslealtad de la banca

La banca juega, como siempre, a lo suyo: amasar dinero. Aquellos a los que la les empieza a cansar tanto análisis macroeconómico, índices y rating, hacen méritos para que alguien les dé la oportunidad de jubilarse en un escaño. Mejor si es un escaño europeo. O un ministerio. ¡Quien pudiera ser ministro! Sobre todo si se ha sido antes banquero. Pero en general, la banca, la principal causante – aunque no última ni única responsable – de la crisis, se dedica a obtener beneficios a cuenta de las miserias ajenas.

El Plan Montoro para saldar las deudas con los proveedores, es una de las medidas más urgentes y necesarias. Quizás la única medida de calado de Rajoy que podría ser apoyada por todos los partidos políticos, con independencia de las ideologías. Pagar las deudas es bueno y honrado. Nadie lo puede poner en duda. Si además, ese dinero supone agua de mayo a las empresas, podríamos estar ante una de las medidas que más contribuyan a frenar los despidos, y a la postre, reactivar la economía.

Si esos miles de millones de deuda llegan a las empresas, es decir al mercado, podríamos estar ante la primera gran inyección de liquidez a las empresas en años, lo que sin duda facilitará la contratación y las inversiones. No olvidemos que se trata de obras, productos y servicios ya entregados a las administraciones públicas, pero que nunca fueron pagados, ocasionando la ruina de muchas Pymes y un frenazo económico sin recedentes.

Los empresarios sobrevivientes a la elevada morosidad de las administraciones, tuvieron que hacer recortes de plantilla y evitar ninguna inversión que su fuera estrictamente necesaria y urgente. En su mayoría, todos habían renunciado a cobrar algún día aquellas deudas. Este dinero puede ayudarles a evitar el cierre de la empresa, nuevos despidos e, incluso, tímidas inversiones que irán ayudando a sentar las bases de la recuperación económica.

Esto lo sabe hasta el más tonto. Pero la banca, que es la que tiene los dineros, no quiere colaborar si no es a cambio de un sustancial beneficio. Los banqueros españoles quieren el 9% de interés por un préstamo que garantiza el propio Estado. Teniendo en cuenta que los bancos se están financiando al 1% gracias al BCE, el beneficio neto sería de un 8% y sin riesgo. Solo con lo que el Estado adeuda a grandes empresas como FCC, el beneficio superaría los 150 millones.

Todos sabíamos que la ayuda financiera tendría un precio, se calculaba entorno a 800 millones, pero las cantidades que pretende ahora obtener la banca son propias de la usura. Es inadmisible que las entidades de crédito que tienen acceso a financiación a un tipo fijo del 1% estén aplicando intereses a empresas y familias que en algunos casos alcanzan el 18 y el 19% TAE. Estamos ante una actitud usurera y desleal por parte de los bancos, quienes están fijando los tipos de interés en condiciones leoninas y casi propias del Medievo, aprovechándose así de las dificultades de las empresas, las familias, y el propio estado. 

El Problema de las Comunidades Autónomas

01/03/2012 1 comentario

Estos días he hecho una encuesta entre amigos y conocidos vinculados a la política para que, off de record, me diesen su opinión sincera sobre las Comunidades Autónomas. No pretende ser una encuesta científica ni arrojar ningún resultado irrefutable, solo recoger algunas ideas sobre cómo perciben los políticos las Autonomías.

La mayor parte de ellos se muestran favorables, pero reconocen que los errores que se han cometido en la gestión del modelo están causando desafección entre los ciudadanos, quienes cada vez en mayor número las ven como un problema o lastre excesivo.

En mi opinión, el problema radica en errores del constituyente que tienen poca enmienda si no abordamos una – a mi juicio – necesaria reforma de la Carta Magna.

En la Constitución Española de 1978 se establece como competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas la educación y la sanidad. Esto hace que las instituciones autónomas tengan que pechar con la cargar social del Estado, pero no puedan disponer de una política fiscal propia. Es como si nos diesen la lista de la compra pero se olvidasen de darnos también el dinero con el que comprar.

Esto no supone que esté a favor de la libertad fiscal dentro del Estado. Me limito a señalar lo evidente. Lejos de considerar que las Comunidades Autónomas puedan organizarse fiscalmente al margen de la Administración del Estado, considero que es el Gobierno Central quien debería ser “dueño” de estas competencias.

Las competencias en materia de educación y sanidad deben ser competencia exclusiva de la Administración del Estado y no de las Comunidades Autónomas, como ocurre en la actualidad. De no afrontar esta reforma, las diferencias territoriales y los agravios comparativos seguirán creciendo. Esto no quiere decir que deba ser el Estado quien gestione directamente, pero si quien tenga la última palabra en cuanto a los dos pilares más importantes del modelo social. Soy partidario, por tanto, de una reforma constitucional que haga de la educación y la sanidad pública una competencia del Estado, aunque la gestión pueda delegarse en las Comunidades Autónomas.

Otro de los problemas que deberíamos afrontar atañe al modelo de organización de estas Comunidades Autónomas. Se han concebido, casi sin excepción, según modelos de estados centralistas. Es decir, las Administraciones Autonómicas se han organizado como pseudos estados centralistas o mini estados dentro del estado. Esto es un error tanto en términos de eficiencia como históricos: el modelo actual solo conduce a las ineficiencias y duplicidades, además de resultar contrario a unos tiempos que han superado con creces el concepto de Estado – Nación, más propio del siglo XIX que del actual.

Además, Estado y Comunidades Autónomas han ahogado a los municipios. La política local ha sido entendida como una política de segunda división y jamás ha centrado el discurso de los líderes nacionales. Esto es un gran error, pues es en los pueblos y ciudades donde se desarrolla la convivencia. Las personas estudian, emprenden, trabajan, viven y forman sus hogares en pueblos y ciudades; el municipalismo debería tener, por tanto, tanta importancia – al menos – como las Comunidades Autónomas.

En este siglo XXI, el Estado (y eso incluye a las Autonomías y los municipios) debe ser replanteado conforme a criterios de eficiencia, transparencia y participación democrática. Debemos superar los conceptos heredados del siglo XIX y asumir que la organización del estado debe ser menos piramidal y jerárquica para parecerse más a las redes neuronales. No se trataría, como algunos pretenden, de acabar con las Comunidades Autónomas, sino replantear su organización y competencias, haciendo posible una verdadera revolución de lo municipal, y adecuando las redes de poder a las nuevas realidades de este siglo.

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