País De Ciegos…

Estos días he hecho una encuesta entre amigos y conocidos vinculados a la política para que, off de record, me diesen su opinión sincera sobre las Comunidades Autónomas. No pretende ser una encuesta científica ni arrojar ningún resultado irrefutable, solo recoger algunas ideas sobre cómo perciben los políticos las Autonomías.

La mayor parte de ellos se muestran favorables, pero reconocen que los errores que se han cometido en la gestión del modelo están causando desafección entre los ciudadanos, quienes cada vez en mayor número las ven como un problema o lastre excesivo.

En mi opinión, el problema radica en errores del constituyente que tienen poca enmienda si no abordamos una – a mi juicio – necesaria reforma de la Carta Magna.

En la Constitución Española de 1978 se establece como competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas la educación y la sanidad. Esto hace que las instituciones autónomas tengan que pechar con la cargar social del Estado, pero no puedan disponer de una política fiscal propia. Es como si nos diesen la lista de la compra pero se olvidasen de darnos también el dinero con el que comprar.

Esto no supone que esté a favor de la libertad fiscal dentro del Estado. Me limito a señalar lo evidente. Lejos de considerar que las Comunidades Autónomas puedan organizarse fiscalmente al margen de la Administración del Estado, considero que es el Gobierno Central quien debería ser “dueño” de estas competencias.

Las competencias en materia de educación y sanidad deben ser competencia exclusiva de la Administración del Estado y no de las Comunidades Autónomas, como ocurre en la actualidad. De no afrontar esta reforma, las diferencias territoriales y los agravios comparativos seguirán creciendo. Esto no quiere decir que deba ser el Estado quien gestione directamente, pero si quien tenga la última palabra en cuanto a los dos pilares más importantes del modelo social. Soy partidario, por tanto, de una reforma constitucional que haga de la educación y la sanidad pública una competencia del Estado, aunque la gestión pueda delegarse en las Comunidades Autónomas.

Otro de los problemas que deberíamos afrontar atañe al modelo de organización de estas Comunidades Autónomas. Se han concebido, casi sin excepción, según modelos de estados centralistas. Es decir, las Administraciones Autonómicas se han organizado como pseudos estados centralistas o mini estados dentro del estado. Esto es un error tanto en términos de eficiencia como históricos: el modelo actual solo conduce a las ineficiencias y duplicidades, además de resultar contrario a unos tiempos que han superado con creces el concepto de Estado – Nación, más propio del siglo XIX que del actual.

Además, Estado y Comunidades Autónomas han ahogado a los municipios. La política local ha sido entendida como una política de segunda división y jamás ha centrado el discurso de los líderes nacionales. Esto es un gran error, pues es en los pueblos y ciudades donde se desarrolla la convivencia. Las personas estudian, emprenden, trabajan, viven y forman sus hogares en pueblos y ciudades; el municipalismo debería tener, por tanto, tanta importancia – al menos – como las Comunidades Autónomas.

En este siglo XXI, el Estado (y eso incluye a las Autonomías y los municipios) debe ser replanteado conforme a criterios de eficiencia, transparencia y participación democrática. Debemos superar los conceptos heredados del siglo XIX y asumir que la organización del estado debe ser menos piramidal y jerárquica para parecerse más a las redes neuronales. No se trataría, como algunos pretenden, de acabar con las Comunidades Autónomas, sino replantear su organización y competencias, haciendo posible una verdadera revolución de lo municipal, y adecuando las redes de poder a las nuevas realidades de este siglo.