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¿Travesía por el desierto o exilio permanente?
El problema que subyace en el Partido Socialista Obrero Español es que aún no han comprendido la extrema gravedad de la situación en la que se encuentran. No están sólo hasta un castigo electoral y una prolongada travesía por el desierto; están sumidos en un exilio social. No comprenden lo que la sociedad les ha dicho: ¡que se larguen! ¡Todos! ¡No os queremos!
La razón es muy simple: quienes nos han conducido a esta crisis no están legitimados para sacarnos de ella. No basta con hacer examen de conciencia, propósito de enmienda y reivindicar el derecho a rectificar: hay que pulgar las culpas. La gente quiere ver que los culpables abandonan los privilegios asociados a su cargo político y se marchan a su casa para no volver.
Tuvieron su oportunidad y la desperdiciaron. Ahora toca expiar sus culpas. No en la oposición, como pretenden hacer ellos, sino en su casa, en sus puñeteras casas y para no volver, porque no tenemos ganas de volver a contemplarles la geta. Porque a la sociedad española, cada vez que les ve la geta, lo único que les entra es unas ganas locas de rompérselas de un guantazo.
La pasividad que mata
Cuando gente tan dispar como Alejo Vidal-Quadras y Cayo Lara coinciden en algo, es que algo grave está pasando. En su blog de Intereconomía, el eurodiputado del PP solicitaba esta semana un Congreso Extraordinario del PP, que es lo mismo que decir <<váyase, señor Rajoy. Váyase>>. Cayo Lara lleva semanas pidiendo la dimisión del Presidente del Gobierno, en esto se adelantó a Rubalcaba, que no tiene los reflejos muy afinados últimamente.
Rajoy, por su parte, como quien oye llover. A lo suyo, que seguro que él sabrá lo que es, porque lo que somos los españoles, no tenemos la más remota idea de a qué puñeta dedica el tiempo. Anda, como siempre, esperando que la tormenta escampe. Ha sido su estrategia desde que entró en política: sentarse y esperar que el tiempo resuelva los problemas y sus rivales cometan errores que los precipiten al vacío. Pero esta vez no parece que la cosa vaya a darle buenos resultados.
Primero porque este no es tiempo de retóricas, es momento de acciones, y acciones contundentes, que no dejen lugar a dudas. Segundo, porque la sociedad española está cansada de esperar y la paciencia de todos tiene un límite, una frontera cada vez más cercana. Su pasividad está enfadando aún más que las noticias sobre presuntas corruptelas que inundan el mercado mediático.
Algunos dice que está cavando su propia tumba. Creo que tienen razón, la reelección la tiene muy difícil. Pero ese no es el problema. El problema es que tanto está cavando que en la fosa cabrán muchos. Por ahora, seis millones de desempleados y cientos de miles de empresas que han cerrado. En la tumba que está cavando terminará por enterrarse él y la esperanza de toda una generación. Y que la cosa quede ahí, porque cuanto más se enrarece el clima político, más gente se desencanta con la democracia.
El Presidente del Gobierno no puede seguir escondiéndose tras discursos vagos y segundos en la lista de los poderosos. Tiene que dar la cara. España no puede creer que esté gobernada por una televisión de plasma. Urge tomar medidas legislativas que garanticen la regeneración democrática. A la par, debe dar un giro a su política económica pese a quien le pese. Europa está a punto de estallar en mil pedazos. Los discursos en el seno de la Unión son cada vez más distantes unos de otros, y pende como una mortal amenaza la posibilidad de un referéndum en el Reino Unido que abriría la caja de Pandora. Es el momento de plantarse. De decir basta. Y exigir una integración política y la corresponsabilidad de todos en la resolución de los problemas que afectan a gran parte de los países de la Unión o romper la baraja. Me dolería más que a nadie, pues soy un europeísta ferviente; pero no podemos tolerar que Europa se convierta en el cortijo privado de Merkel y los demás profetas del Reich.
En alguna ocasión, Rajoy ya ha manifestado su contrariedad a las políticas de Merkel, pero no le acompañan los hechos. Tampoco puede decirse que valga mucho como comunicador. Tiene que actuar en los dos frentes abiertos. En el interior, favorecer cambios que garanticen un nuevo modelo democrático, donde los ciudadanos tengan más control sobre sus representantes públicos; esto es, listas abiertas y diputados que rindan cuenta a sus votantes en las circunscripciones por las que son elegidos y no las direcciones de los partidos. En el frente exterior, tiene que hacer piña con los países que exigen un cambio en la política económica de la UE, más integración política y democratización de las instituciones. Y debe hacerlo con la rotundidad de quien sabe que defiende lo que es justo, y que estará dispuesto a llegar hasta el final – incluso la salida de la UE y el retorno a la peseta – antes que continuar arrodillado y esclavo.
Esperar a que al enemigo se le agoten las balas mata a muchos soldados. Una sangría de vidas y sueños que España no puede permitirse. No puede continuar encerrado en la trinchera, debe cambiar de táctica y pasar a la ofensiva cueste lo que cueste. De lo contrario, esta guerra de desgaste terminará minando la moral de la sociedad y destruyendo a toda una generación. En su mano está hacer algo. En la nuestra, exigírselo día tras día, y pasarle la factura en cuanto tengamos la oportunidad. Y espero que sea pronto.
El precio de la corrupción
El diario ABC publicaba esta mañana un artículo en el que se detalla el coste económico para el país de la corrupción en España. Con sólo sumar la cuantía económica presuntamente ilícita que se manejan en los quince casos de corrupción más graves de los últimos diez años, la cantidad asciende a 6.839 millones de euros, más que el valor de Twitter y hasta mil millones más que el presupuesto del Ministerio de Defensa para este 2013. Equivale, según cifras aportadas por el mencionado periódico, a 121 veces las subvenciones que recibe Cáritas y Cruz Roja, que logran, con apenas 56 millones de euros al año del Estado, atender las necesidades básicas de más de un millón de personas.
Las cifras hablan por sí solas. Lo protagonistas de este saqueo demuestran que es un problema transversal, que afecta a todos los partidos e instituciones públicas; situación que exige una revisión en profundidad de la legislación actual. Es imprescindible acometer cambios legislativos que garanticen que estos delitos de guante blanco no vuelvan a producirse. Un cambio de modelo que permita a los ciudadanos volver a confiar en las administraciones y la política como herramienta para mejorar la sociedad.
Los dos grandes partidos (y algunos pequeños) juegan al gato y al ratón con los ciudadanos. Aseguran que la mayoría de los políticos son honrados y que no puede meterse a todos en el mismo saco. Pero el problema de la corrupción no es un problema de calidad, no de cantidad. Basta una sola manzana podrida para echar a perder todo el cesto; es sólo cuestión de tiempo. Deje una manzana podrida junto a las demás y verá que pronto todas se pudren. El problema de la corrupción no está en el número de corruptos, que quizás sea sólo del 1%, el problema está en la manera en la que el otro 99% se enfrenta a este cáncer social.
No basta con declaraciones del tipo: <<no me temblará la mano>>. Hay que lograr que lo que tiemble sean las patillas de los delincuentes y los corruptos; y para lograrlo, hay que hacer algo más que brindis al sol y auditorías. Hay que mojarse y cambiar la manera de hacer las cosas.
Nadie cree a Rajoy ni a Rubalcaba cuando aseguran que combatirán la corrupción. Nadie los cree porque no dan motivos para que seamos crédulos, más bien todo lo contrario. ¿Quieren poner en valor la política y lograr que su palabra genere confianza en los ciudadanos? Es fácil, sólo hay que hacer unas pocas reformas, bastantes más necesarias, por cierto, que muchas de las que están dosificando desde que llegaron al poder:
1) Endurecer las penas por delitos de corrupción, cohecho, prevaricación, apropiación indebida y blanqueo de capitales.
2) Excluir los delitos de guante blanco de la potestad de indulto y derecho de gracia del gobierno.
3) Dotar a la Audiencia Nacional de medios sobrados para la investigación, persecución y juicio de estos delitos.
4) Supresión de los puestos de libre designación. Que los cargos de confianza estén limitados en su número y sean ratificados por los plenos parlamentarios o municipales, según proceda.
5) Listas abiertas y limitación de mandatos. Los ciudadanos exigimos que aquel al que votamos de cuentas de su gestión ante los mismos ciudadanos que lo eligieron y no ante el partido.
Mientras estas cinco medidas, como mínimo, no sean asumidas y puestas en marcha por el gobierno, muchos seguirán creyendo que en las cloacas inundan y los palacios.
http://www.abc.es/espana/20130128/abcp-millones-sumidero-corrupcion-desde-20130128.html
De la Ley de Unidad de Mercado
Lo malo de esta ley no es su existencia, es su necesidad. La ley que acaba de aprobar el Gobierno tendrá sus virtudes y defectos, como cualquier obra humana, pero nadie podrá dudar de su necesidad y coherencia. Necesaria porque las diferentes trabas burocráticas e incluso impositivas que encontramos según la Comunidad Autónoma, nos devolvían al medio, con su diversidad de sistemas impositivos, privilegios y ausencia de mercados libres. En este sentido, España ha practicado en los últimos tres lustros una suerte de colbertismo económico, política propia de la Francia del siglo XVII. Recordemos cuáles eran sus prácticas más renombradas:
1) Fuerte intervencionismo que impedía la libre competencia.
2) Proteccionismo de los mercados internos.
3) Subsidios a las exportaciones.
Vamos, lo que las Comunidades Autónomas han estado haciendo desde hace quince o veinte años: intervenir en los mercados mediante empresas públicas o privilegiando empresas privadas mediante concesiones de centros y servicios públicos, barreras administrativas para impedir la competencia de los de “fuera”, y engordar los presupuestos subvencionando no ya a las exportaciones, sino a cualquiera que sector o empresa que se considerase “estratégica”, con frecuencia coincidiendo con los intereses electorales de los gobiernos locales y autonómicos.
Esta situación generó una ruptura en diecisiete pedazos del mercado nacional ha traído no pocos problemas a nuestros emprendedores y dificultado la creación de riqueza real. Lo más triste de todo es que los debates sobre la libertad de mercado son propios del siglo XIX y no del XXI. Fue tras la caída del Antiguo Régimen cuando los librecambistas pelearon por la superación de las fronteras económicas. Algo que se ha demostrado que contribuye, más que cualquier otra cosa, a la paz y la prosperidad de los pueblos. Sin embargos, algunos líderes autonómicos parecen desear levantar muros económicos y políticos a su alrededor.
Las políticas proteccionistas de las Comunidades Autónomas están generando la fragmentación de nuestra economía y dificultando la recuperación, además de destruir nuestra competitividad. La actual dispersión normativa reduce las economías de escala y eleva los costes, con la consecuente pérdida de competitividad en los mercados internacionales, pérdida de beneficios y destrucción de empleo. Era prioritario recuperar la unidad de mercado; y el error era no haberlo hecho antes.
La descentralización del poder que supone la existencia de las CCAA debería ser un aliciente para uno de sus grandes aspectos positivos: la competencia institucional. Sin embargo, lejos de darse este escenario, las instituciones impiden la libre competencia con un exceso regulatorio y compensas sus errores estratégicos con proteccionismo y un increíble aumento de las subvenciones y ayudas a las empresas radicadas en sus territorios.
Pero además de necesaria, como decía al principio, es coherente. Primero porque Rajoy – que no el PP, donde abundan los conservadores más que los liberales –, presumía de ser un liberal convencido; cosa que cuesta creer a la vista de las decisiones que ha tomado (subida de impuesto, rescate del sector financiero con medios públicos, intentos de condicionar el ejercicio de derechos civiles como el de manifestación pacífica, etc.), sobre todo porque la adopción de una moneda única supone un paso determinante hacia la integración de los mercados nacionales. Un proceso que obliga a corresponsabilizar la deuda de los Estados entre los socios del Euro, armonizar las políticas fiscales y presupuestarias, avanzar en marcos reguladores comunes, etc. Es decir, más Unión Europea. Un proyecto que sólo podrá lograrse si, cada uno, hace sus deberes en casa, cosa a la que muchos parecen no estar dispuestos.
A la mierda, coño, a la mierda
Los últimos meses no he atendido mi cita habitual con esta tribuna. Razones y circunstancias personales me lo han impedido, al menos, así fue al principio. Luego, la sensación de impotencia ante la realidad que nos ha tocado vivir, hizo el resto. Tengo desde hace mucho la certeza que en España, digas lo que digas o hagas lo que hagas, nada va a cambiar. Mariano seguirá escondiendo la cabeza entre las nalgas de la Merkel mientras sus palmeros nos quitan al resto hasta las ganas. Y Rubalcaba y su grupo de progres de acento pijo y chalet en la playita viéndolas pasar. Lo llaman oposición responsable, pero no es otra cosa que un hoy por ti mañana por mí. Acuérdate de esta, que me la debes. Hoy te rasco yo, mañana me rascas tu.
Los nacionalistas, por su parte, como siempre, llevando las cosas al extremo, retorciendo el significado de las palabras libertad y democracia para intentar imponernos a todos los que les sale a ellos de los redaños. Tirando de retórica, se zambullen en una decena larga de falacias entre las que destaca el conocido discurso ad populum o sofista populista (también usado con frecuencia por el PP para confundir la mayoría parlamentaria con la mayoría electoral y esta a su vez con la mayoría social) y la ad consequentiam presentando la independencia de Cataluña – o en su defecto mayor autogobierno – como la solución a la crisis económica y a la difícil situación de Cataluña.
Los marginales, como siempre, rasgándose vestiduras y currando poco y mal. Muchas quejas con la ley electoral, pero si comparas la nuestra con la británica, lo cierto es que tampoco esta tan mal. Nadie me malinterprete: la actual ley electoral no me gusta; prefiero votar a personas y no siglas ni ideas abstractas, sino hombres y mujeres de carne y hueso que con sus virtudes y defectos rindan cuentas cuatro años después a pecho descubierto. Ni que decir tiene que, además, me gustaría mayor proporcionalidad para que la pluralidad social se vea también representada de manera justa y equitativa. Pero lo que nadie me quita es que las terceras fuerzas políticas en toda Europa superan el 20% de los votos emitidos con independencia del modelo electoral, mientras que en España, superar el 10% de los votos ya es un éxito para IU, no hablemos de UPyD u otros. Supongo que en la manera que tienen los pequeños de hacer las cosas, con poca vocación de alternativa y sí mucha de marginalidad, algo tiene que ver en tan pobres resultados. Supongo que será difícil sumar cuando sólo te preocupa la “pureza ideológica” de tus compañeros.
Entonces, ¿por qué he vuelto a sentarme frente al ordenador a escribir? Muy sencillo, porque de lo contrario reviento. Con todo lo que está cayendo, con tantos sobren que van y viene, por Génova y por la Fundación Ideas, un servidor está necesitado de decir alto y fuerte: VAYANSÉ A LA MIERDA, COÑO, A LA MIERDA.
¿Oportunismo?
El Psoe ha registrado una propuesta de Ley para poner fin al drama que sufren tantas familias que no pueden afrontar el pago de sus hipotecas. Se trata de una medida necesaria y que presiona al gobierno a mojarse, a buscar soluciones inmediatas a problemas concretos que se han convertido en un autentico drama social.
La presión de la opinión pública está forzando a la clase política a cambiar su actitud ante los bancos, impulsando reformas legislativas que, si bien no llegarán tan lejos como proponen algunas plataformas pro derechos civiles, mejorará el caduco modelo bancario y la regulación del sistema financiero, reforzando derechos de los usuarios de banca y los consumidores.
Pero hay en todo esto un componente oportunista que causa nauseas. Me alegro que al fin, los políticos españoles estén dispuestos a escuchar a la sociedad, pero hace tiempo que se debían haber adoptado estas medidas. El Psoe no hace un año que gobernaba en España. Entonces tenía la oportunidad de impulsar reformas legislativas que construyesen un marco regulatorio financiero más justo y respetuoso con los derechos de las personas. No lo hicieron, y en consecuencia, muchas miles de familias han sufrido el drama de perder su vivienda y encontrarse en la calle. Aunque hoy reconozcan su error y hagan propósito de enmienda con esta ley, aún tienen que demostrar que no se trata de una acción electoral, oportunista e interesada, sino el fruto de una profunda reflexión que les impulsa a reconsiderar muchas de sus posiciones pasadas.
En cualquier caso, la mejor ayuda a los damnificados por las hipotecas no está llegando desde la política. Son los jueces – o un grupo nutrido de jueces – quienes han enarbolado la bandera de las reivindicaciones sociales y están poniendo en serio aprieto a la clase política. No sólo existen conatos de franca rebeldía en la aplicación de la ley, e informes demoledores sobre la situación jurídica de los procesos, además – y esto quizás sea lo más importante – algunos jueces han planteado preguntas prejudiciales al Tribunal Europeo.
La cosa no es baladí, porque un pronunciamiento del Tribunal Europeo a favor de las tesis defendidas por algunos jueces y asociaciones jurídicas dejaría al gobierno con los calzones a la altura de las rodillas. No olvidemos que la ley hipotecaria que está favoreciendo a la banca frente a los deudores data de comienzos del siglo XX, y en muchos apartados se aleja de la doctrina comunitaria. Esto significa que el Tribunal Europeo podría considerar la actual legislación contraria al Derecho Europeo, provocando un terremoto jurídico como pocos se han conocido en el pasado. El gobierno, quiera o no, con proposición legislativa del Psoe o sin ella, tiene que mover ficha y reconsiderar el marco regulatorio antes que sean las instituciones de la UE las que tomen cartas en el asunto. Y es que, después de todo, es bueno ser europeo.



