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Archive for the ‘Sanidad’ Category

Piruetas legales

El Tribunal Constitucional suspendió ayer, con carácter inmediato, la aplicación del polémico euro por receta en la Comunidad Autónoma de Madrid. Decisión esperada tras la suspensión de la misma medida en Cataluña. Aún quedan meses por delante hasta conocer la sentencia final del TC, pero llama la atención que, con un claro precedente, el Gobierno de la Comunidad de Madrid continuase adelante con su propuesta, a sabiendas que el TC suspendería la decisión tras conocer el recurso presentado por el Psoe de Madrid.

Se trata de una actuación política absolutamente inmoral e injustificable. Sin entrar a cuestionar la medida en sí (la cual considero injusta e inconstitucional, aunque no soy yo quien debe juzgar ambos extremos), es inadmisible que un gobierno juegue al malabarismo jurídico y use resquicios legales para imponer sus posicionamientos ideológicos. Si bien se ha cumplido estrictamente con la legalidad, y no parece haber ningún acto antijurídico en la actuación del gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, es evidente que no les importó el espíritu que inspira a la legalidad. Pues una cosa es el contenido formal del ordenamiento jurídico y otra su fondo. Aquí vemos, de nuevo, que no se viola en contenido formal – la letra escrita – de la ley, pero se pasan por donde la espalda pierde su nombre el contenido de la misma y los valores cívicos que la inspiraron.

Estamos demasiado acostumbrados a ver en los poderes públicos este tipo de actuaciones que bordean la legalidad sin quebrantarla, pero vacían la norma de contenido. Ocurre, sobre todo, en cuestiones relacionadas con la sanidad y la educación por ser de naturaleza dual. Son a la vez, derechos y servicios públicos. La sanidad y la educación son derechos de las personas y los ciudadanos, recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución Española. Como tales derechos reconocidos, el Estado tiene la obligación de protegerlos y garantizarlos, pero ¿tiene también la obligación de facilitarlos? De acuerdo con constituyente si, rotundamente sí.

El constituyente no sólo se limito a establecer un decálogo o relación abstracta de Derechos, en muchos casos, estableció también la obligación de los Poderes Públicos de facilitar su ejercicio. Sanidad y educación se convirtieron así, no sólo en Derechos, también en un servicio público del que las administraciones no pueden abstraerse.

Es cierto que, en otros modelos de Estado del Bienestar – algunos mucho más eficientes que el nuestro –, esta obligación no existe, e incluso servicios como la sanidad y la educación están parcial o totalmente privatizados. Pero no ocurre así en España, el consenso constitucional obligó al Estado a implementar por sí mismo y de forma irrenunciable los servicios públicos, gratuitos y universales de la sanidad y la educación.

Actualmente, asistimos a un juego de piruetas legales que busca sortear la voluntad del constituyente sin pasar por la reforma constitucional. Se pretende disociar la titularidad de la gestión, aprovechando la diferencia que el derecho civil hace de la propiedad y los derechos de uso, para permitir la cuasiprivatización de la sanidad. Se pretende, también, desligar la asistencia sanitaria del tratamiento farmacológico. Estamos ante una actitud legal, en el sentido estricto del acto jurídico: no incumplir la ley; pero quebramos el consenso constitucional, nos pasamos por el arco el espíritu de consenso que ha hecho posible nuestra convivencia y progreso durante tres décadas. Una política de hechos consumados inmoral y abyecta que tiene como consecuencia, no sólo el deterioro de los servicios públicos, sino el fin del consenso constitucional y en consecuencia de la convivencia, abriendo la puerta a reivindicaciones que estaban a buen recaudo en el baúl de los recuerdos. 

Privatizar la sanidad

Los gobiernos, en su gestión, pueden cometer errores graves y verdaderos descalabros. A menudo, el daño de una mala decisión política se mide por la proyección temporal de una medida. Es decir, cuando se gobierna se toman decisiones que pueden ser reparadas en el futuro si se demuestran equivocadas, o decisiones que condicionaran el futuro de manera irremediable. La privatización de la sanidad es una de estas medidas irreparables que nos ocasionará perjuicios durante décadas, condicionando el futuro de muchas generaciones.

Debemos hacer notar que privatizar no es sinónimo de liberalizar; al contrario. Cuando se privatiza se cede el monopolio público a inversores privados, casi siempre amigos del actual gobierno. Cuando se liberaliza, lo que se hace es permitir la libre competencia, algo que no necesariamente se consigue con la privatización.

Siquiera privatizar significa un primer paso para liberalizar el mercado. Para que un mercado sea de libre competencia, lo que se tiene que hacer es, en primer lugar, garantizar que todos compiten bajo las mismas reglas. Pero cuando el Estado vende sus joyas a unos pocos, está beneficiando a estos frente a cualquier competencia futura. De hecho, pocos mercados tienen tantas barreras de entrada como aquellos que tuvieron su origen en monopolios públicos y luego se privatizaron. Para ejemplo el mercado de las teleco o las energías.

Con la privatización tampoco se logra mejorar la eficiencia del sistema de sanidad. Basta comparar el actual gasto sanitario español en términos de PIB con el de EE.UU. España gasta en sanidad y farmacia el equivalente al 9% de su PIB, mientras que EE.UU. – un sistema prácticamente privado al 100% – gasta el 18,5%.

Tampoco disparamos el gasto sanitario en comparación a otros países de la UE. Por ejemplo, Reino Unido gasta el 15,1% de su PIB, Francia el 16%, Alemania el 18%, Austria el 15,8%, Dinamarca el 15,3%, etc.

No tenemos una sanidad cara. Ni una sanidad que no nos podamos permitir. Hace falta mejoras, cambios que favorezcan las eficiencias, generen sinergias positivas y ayuden a racionalizar los recursos. Pero esta aspiración – que es la aspiración de todo buen gestor – no es limitativa de las crisis ni del sector sanitario público. Toda la administración, en todo momento, debe apostar por la excelencia, y esto supone mejoras en la calidad, la atención, la satisfacción del ciudadano y la eficiencia o correcta asignación de los recursos.

Privatizar la sanidad no conduce a una mejora de la sanidad ni a una reducción del gasto sanitario. Más bien, todo apunta en la dirección contraria: peor servicio a mayor coste.

Los ejemplos de Valencia, donde aproximadamente el 20% de la sanidad está ya en gestión privada, según fuentes del diario El País, evidencia que no se gana nada con ceder la gestión privada de los hospitales a inversores privados.

¿Por qué quiere entonces el PP privatizar los hospitales? Si pudiera entrar en la cabeza de Rajoy probablemente me volviese loco. No tengo respuesta para explicar las causas de este error tan grave e irreparable, pero mucho me da que las descubriremos en cuanto conozcamos los nombres de las empresas que se beneficiaran de la gestión privada de estos hospitales. 

Ana Mato y la “cosa natural”

En el foro Farmaindustria, la patronal farmacéutica, la ministra de Sanidad se ha descolgado con uno de esos discursos que tienen la cualidad de cabrear a todos. Dice la ministra que eliminará del vademécum aquellos medicamentos que a su juicio tienen escaso valor terapéutico y que se pueden sustituir con <<alguna cosa natural>>. Enfado pues de la industria, pues peligran ventas; enfado de los usuarios, pues les preocupa el deterioro del sistema sanitario; y enfado también de los profesionales de las terapias naturales y alternativas ante la forma despectiva de referirse a su trabajo.

Parte de la prensa, en especial la más próxima a la izquierda, ha puesto en duda la capacidad terapéutica de las alternativas a los fármacos alópatas con el objeto de criticar a la ministra Ana Mato. Sin embargo, gran parte del discurso no deja de estar fundado en prejuicios y falta de información.

Las medicinas naturales han demostrado sobra capacidad terapéutica y preventiva. En especial, son recomendables en afecciones leves, pero de carácter crónico, y como coadyuvantes en los tratamientos más agresivos que propone la medicina alópata.

Terapias como la acupuntura, quiropráctica, homeopatía, fitoterapia, osteopatía o magnetoterapia, por nombrar a algunas, ofrecen resultados muy alentadores en centenares de patologías de diversa índole. Además de ser un medio muy adecuado para encontrar el equilibrio vital necesario para el bienestar del individuo.

La filosofía de estas terapias alternativas: <<tratar personas, no enfermedades>>, ha hecho que se  conviertan, por derecho propio, en una opción muy aceptada por la sociedad. De hecho, su crecimiento en España ha sido imparable desde hace décadas y al margen de las crisis económicas.

Por desgracia, algunas de estas terapias son muy caras y no están al alcance de todos los bolsillos. Ni existe tampoco en nuestro país una legislación que garantice los derechos los pacientes cómo de los profesionales de estas terapias.

Lejos de cuestionar a Ana Mato poniendo en duda la capacidad de las alternativas a la medicina alópata, lo que deberían hacer ciertos medios de comunicación, es generar el debate que logre el marco legal necesario para la práctica segura de estas terapias y su integración en el modelo de sanidad pública.

Porque lo realmente cuestionable de la decisión de Ana Mato, no es sustituir terapias alópatas por otras naturales menos agresivas. Lo cuestionable es que las terapias naturales sólo están al alcance de los bolsillos más pudientes.

Existe, aunque algunos no quieran verlo, un abuso en el uso de los fármacos. Muchos de los medicamentos que se ingieren para afecciones menores, pueden ser sustituidos con éxitos por alternativas naturales que no presentan contraindicación alguna. Sin embargo, si no se apuesta por ellas desde el sistema público de salud, estas alternativas quedaran sólo a disposición de los más pudientes. Contra esto es contra lo que se debe alzar la voz, pero no cuestionar las terapias naturales con el propósito de desacreditar a una ministra. 

Mentiras del PP

27/04/2012 1 comentario

La Reforma Sanitaria no Perjudicará a los ciudadanos.

El Copago no está sobre la mesa.

La Sanidad será gratuita.

 

¿Turismo sanitario o negar la sanidad a los inmigrantes ilegales?

El PP pretende negar a los inmigrantes ilegales un correcto acceso a la sanidad pública. Se disfraza con otros hábitos pero eso es lo que, en suma, pretenden.

Aseguran que esta medida permitirá ahorrar 500 millones de euros. Desconozco de donde han sacado esa cifra ni cómo han calculado la estimación, porque a mí esa cuenta no me sale ni de lejos. Sin embargo, esa cifra me sirve también como cualquier otra, pues supone el coste de envilecimiento de la sociedad.

El PP fija el envilecimiento de la sociedad en 500 millones de euros. ¡Qué poco valoran algunos sus principios!  

Neolenguaje

Funambulistas  del  lenguaje, el PP intenta confundir a la opinión pública con juegos de palabras. En este blog ya anunciamos el interés por instrumentalizar el lenguaje de los expertos de marketing de la derecha (http://paisdeciegos.com/2012/01/09/se-buscan-eufemismos/). Entonces, asegurábamos que se buscaban eufemismos para dulcificar las medidas ocultas de Rajoy y compañía. Y los hechos nos están dando la razón.

Ahora, a lo que es un recorte en toda regla lo quieren llamar ajuste. Y en sanidad, donde han intentado hacer pasar por copago lo que es un repago – obligarnos a pagar dos veces por lo mismo – pretenden engañar a la opinión pública transfiriendo el repago sanitario a la atención farmacéutica.

Lo que el PP pretende es que el médico le diagnostique pero no le facilite los fármacos para su tratamiento. Es decir, usted podrá ir al médico y no pagar, pero el tratamiento se lo tendrá que pagar, al menos en parte, de su bolsillo.

Resulta asqueroso escuchar a líderes del PP usar y abusar de este neolenguaje inventado, mediante el que pretenden negar la realidad y defender que los servicios sociales no se verán afectados pero sí los beneficios sociales. La diferencia, la verdad es que solo la ven ellos. Para un enfermo, tan importante es poder acudir a un especialista como tener a su alcance los medicamentos necesarios para curarse. ¿Acaso pretenden cobrar también la manutención de los enfermos en los hospitales? 

Al dos le sigue el tres

Si, ya lo sé, es una perogrullada; pero me viene que ni pintada para ilustrar lo que está siendo el eje de gobierno de Rajoy: los incumplimientos.

  1. Durante la campaña electoral aseguró que no subiría los impuestos. Y le faltó tiempo para subirlos nada más dormir las primeras noches en el palacio de la Moncloa.
  2. En las elecciones prometió no abaratar el despido. Y ha impulsado una Reforma Laboral que no sólo abarata el despido, es el mayor ataque a los derechos laborales de la historia española.
  3. El tercero viene de camino: acabar con el Estado Social. ¿Cuántas veces le hemos escuchado a él y a los suyos asegurar que no tocaría la sanidad ni la educación? Muchas. Tantas que hace solo una semana, la sanidad era intocable. Pero han vuelto de la Semana Santa, y tras sus ejercicios espirituales, la sanidad se ha convertido en insostenible. Lo que en el lenguaje de Rajoy significa: reducción de la cartera de servicios sanitarios y repago por la atención médica en los hospitales públicos.

Dos de las mentiras del PP ya son un hecho. A la tercera le queda nada para hacerse realidad. 

La Tormenta que se avecina

De las muchas reformas que España necesita, la más importante es la del sector energético. Puede que algunos piensen que la clave para la salida de la crisis hay que buscarla en una reordenación del entramado financiero. No se equivoca, pero eso esta es una respuesta a corto plazo. A más largo plazo, los países se enfrentan a dos problemas muy claros e interrelacionados: la escasez energética y el cambio climático.

Poco ayuda la decisión de congelar las ayudas a las renovables. Lograr una autosuficiencia energética basada en las energías limpias debería ser un objetivo prioritario para cualquier gobierno. Irrenunciable en ninguna circunstancia. Pero la opinión que parece tener la derecha gobernante es otra. No solo no se preocupa del desarrollo energético limpio, sino que lanza a sus fuerzas mediáticas contra los movimientos ecologistas que alertan del grave error que se comete al no tomar en serio las renovables y el cambio climático.

Todo indica que la reforma del sector energético se impulsará poco después de las elecciones andaluzas, e intentará compensar el déficit de la tarifa con activos inmobiliarios. Es decir, como el coste energético es muy elevado, y seguirá creciendo según se agotan los combustibles fósiles, el país se podría quedar a oscuras si las tarifas siguen subiendo, salvo que el gobierno compense de alguna forma a las eléctricas para que éstas no repercutan todo el coste directamente en los consumidores. La fórmula de compensación que se baraja es la entrega de activos inmobiliarios. O sea, que no solo no se favorecerá un cambio en el modelo energético, sino que se pagará el actual modelo insostenible con activos inmobiliarios que convertirán a las eléctricas en un agente depredador del territorio.

  

El Problema de las Comunidades Autónomas

01/03/2012 1 comentario

Estos días he hecho una encuesta entre amigos y conocidos vinculados a la política para que, off de record, me diesen su opinión sincera sobre las Comunidades Autónomas. No pretende ser una encuesta científica ni arrojar ningún resultado irrefutable, solo recoger algunas ideas sobre cómo perciben los políticos las Autonomías.

La mayor parte de ellos se muestran favorables, pero reconocen que los errores que se han cometido en la gestión del modelo están causando desafección entre los ciudadanos, quienes cada vez en mayor número las ven como un problema o lastre excesivo.

En mi opinión, el problema radica en errores del constituyente que tienen poca enmienda si no abordamos una – a mi juicio – necesaria reforma de la Carta Magna.

En la Constitución Española de 1978 se establece como competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas la educación y la sanidad. Esto hace que las instituciones autónomas tengan que pechar con la cargar social del Estado, pero no puedan disponer de una política fiscal propia. Es como si nos diesen la lista de la compra pero se olvidasen de darnos también el dinero con el que comprar.

Esto no supone que esté a favor de la libertad fiscal dentro del Estado. Me limito a señalar lo evidente. Lejos de considerar que las Comunidades Autónomas puedan organizarse fiscalmente al margen de la Administración del Estado, considero que es el Gobierno Central quien debería ser “dueño” de estas competencias.

Las competencias en materia de educación y sanidad deben ser competencia exclusiva de la Administración del Estado y no de las Comunidades Autónomas, como ocurre en la actualidad. De no afrontar esta reforma, las diferencias territoriales y los agravios comparativos seguirán creciendo. Esto no quiere decir que deba ser el Estado quien gestione directamente, pero si quien tenga la última palabra en cuanto a los dos pilares más importantes del modelo social. Soy partidario, por tanto, de una reforma constitucional que haga de la educación y la sanidad pública una competencia del Estado, aunque la gestión pueda delegarse en las Comunidades Autónomas.

Otro de los problemas que deberíamos afrontar atañe al modelo de organización de estas Comunidades Autónomas. Se han concebido, casi sin excepción, según modelos de estados centralistas. Es decir, las Administraciones Autonómicas se han organizado como pseudos estados centralistas o mini estados dentro del estado. Esto es un error tanto en términos de eficiencia como históricos: el modelo actual solo conduce a las ineficiencias y duplicidades, además de resultar contrario a unos tiempos que han superado con creces el concepto de Estado – Nación, más propio del siglo XIX que del actual.

Además, Estado y Comunidades Autónomas han ahogado a los municipios. La política local ha sido entendida como una política de segunda división y jamás ha centrado el discurso de los líderes nacionales. Esto es un gran error, pues es en los pueblos y ciudades donde se desarrolla la convivencia. Las personas estudian, emprenden, trabajan, viven y forman sus hogares en pueblos y ciudades; el municipalismo debería tener, por tanto, tanta importancia – al menos – como las Comunidades Autónomas.

En este siglo XXI, el Estado (y eso incluye a las Autonomías y los municipios) debe ser replanteado conforme a criterios de eficiencia, transparencia y participación democrática. Debemos superar los conceptos heredados del siglo XIX y asumir que la organización del estado debe ser menos piramidal y jerárquica para parecerse más a las redes neuronales. No se trataría, como algunos pretenden, de acabar con las Comunidades Autónomas, sino replantear su organización y competencias, haciendo posible una verdadera revolución de lo municipal, y adecuando las redes de poder a las nuevas realidades de este siglo.

Ana Mato asegura que el gobierno no impondrá el copago

¡Claro que no! Sanidad es competencia de las Comunidades Autónomas. El Gobierno de Rajoy no implantará el copago, lo harán los gobiernos regionales del PP.

La declaración de Ana Mato suena a promesa electoral. Como la de no subir los impuestos. Y fue lo primero que hicieron. 

Categorías:Ana Mato, PP, Sanidad Etiquetas: , , ,
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