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Cuando sólo importa maquillar las estadísticas

Las medidas aprobadas por el gobierno para impulsar la economía sólo buscan maquillar las estadísticas, aun a costa de llevar más sufrimiento a la sociedad. La más grave de todas las decisiones ha sido la deducción del 100% de las cotizaciones a la seguridad social durante un año para los contratos indefinidos de menores de 30 años. Dicho de otra forma, se condena a la exclusión del mercado laboral de todos aquellos españoles que se encuentren entre los 30 y los 67 años. Especialmente grave será la consecuencia de esta medida en quienes tienen ahora entre 30 y 40 años. Estos sufrirán una exclusión total del mercado laboral, sin posibilidad de encontrar un empleo y sin ninguna facilidad para emprender una empresa, pues las medidas para autónomos se centran, igualmente, en la franja de los menores de 30 años.

El gobierno de Rajoy ha excluido al segmento de población más vulnerable, pero a la vez también más productivo. Se trata de hombres y mujeres que tienen cargas familiares e hipotecas por pagar. Parejas jóvenes con hijos pequeños. La mayoría muy formados y con experiencia. Sin embargo, la decisión de primar los contratos de menores de 30 años supone que los treintañeros tendrán vedado el reingreso al mercado laboral durante años, cuando no serán expulsados de él para contratar a gente más joven con menos costes salariales. Además, se trata del grueso más valioso de la población activa, pues están formados (tanto o mejor que los recién graduados), dominan las nuevas tecnologías (tanto o más que los jóvenes, además las han empleado no sólo para el ocio y la formación, sino también en el ámbito laboral y profesional) y poseen experiencia. Pero el gobierno ha decidido que es mejor sacrificarlos para que las estadísticas de desempleo juvenil bajen.

La discriminación positiva siempre ha generado agravios, pero en esta ocasión ha llegado a un punto inaceptable. A todos los españoles de más de 30 años los ha convertido en ciudadanos de segunda clase, negándoles la oportunidad misma de encontrar un empleo.  Además, supone un error en términos económicos, porque estamos primando a quienes no han adquirido la experiencia necesaria para afrontar ciertas responsabilidades ni desenvolverse de manera correcta en un empleo. Se está empujando a los jóvenes a que hipotequen su futuro emprendiendo empresas que estarán – en su mayoría – abocadas al desastre. Recordemos que la tasa de mortandad de las empresas en España es altísima, en condiciones normales el 70% no supera los cinco años de vida. No hablemos de una situación como la actual, con una reducción de casi el 10% en el número de empresas existentes el último año. Ya en el 2008, el 20% de las empresas iniciadas desaparecieron durante el 2009. Con estas cifras, emprender un negocio es una heroicidad, pero hacerlo sin contar con una trayectoria profesional previa y sin experiencia sobrada, tanto en el sector como en la gestión del negocio, es un suicidio. Pero nada de esto le importa a Rajoy. No le importa que los jóvenes que se hagan autónomos destruyan su futuro, ni la exclusión laboral que impone a la generación de treintañeros, condenados a rebuscar en los cubos de basura la comida para sus hijos pequeños.

 

 

De la Ley de Unidad de Mercado

26/01/2013 2 comentarios

Lo malo de esta ley no es su existencia, es su necesidad. La ley que acaba de aprobar el Gobierno tendrá sus virtudes y defectos, como cualquier obra humana, pero nadie podrá dudar de su necesidad y coherencia. Necesaria porque las diferentes trabas burocráticas e incluso impositivas que encontramos según la Comunidad Autónoma, nos devolvían al medio, con su diversidad de sistemas impositivos, privilegios y ausencia de mercados libres. En este sentido, España ha practicado en los últimos tres lustros una suerte de colbertismo económico, política propia de la Francia del siglo XVII. Recordemos cuáles eran sus prácticas más renombradas:

1)      Fuerte intervencionismo que impedía la libre competencia.

2)      Proteccionismo de los mercados internos.

3)      Subsidios a las exportaciones.

Vamos, lo que las Comunidades Autónomas han estado haciendo desde hace quince o veinte años: intervenir en los mercados mediante empresas públicas o privilegiando empresas privadas mediante concesiones de centros y servicios públicos, barreras administrativas para impedir la competencia de los de “fuera”, y engordar los presupuestos subvencionando no ya a las exportaciones, sino a cualquiera que sector o empresa que se considerase “estratégica”, con frecuencia coincidiendo con los intereses electorales de los gobiernos locales y autonómicos.

Esta situación generó una ruptura en diecisiete pedazos del mercado nacional ha traído no pocos problemas a nuestros emprendedores y dificultado la creación de riqueza real. Lo más triste de todo es que los debates sobre la libertad de mercado son propios del siglo XIX y no del XXI. Fue tras la caída del Antiguo Régimen cuando los librecambistas pelearon por la superación de las fronteras económicas. Algo que se ha demostrado que contribuye, más que cualquier otra cosa, a la paz y la prosperidad de los pueblos. Sin embargos, algunos líderes autonómicos parecen desear levantar muros económicos y políticos a su alrededor.

Las políticas proteccionistas de las Comunidades Autónomas están generando la fragmentación de nuestra economía y dificultando la recuperación, además de destruir nuestra competitividad. La actual dispersión normativa reduce las economías de escala y eleva los costes, con la consecuente pérdida de competitividad en los mercados internacionales, pérdida de beneficios y destrucción de empleo. Era prioritario recuperar la unidad de mercado; y el error era no haberlo hecho antes.

La descentralización del poder que supone la existencia de las CCAA debería ser un aliciente para uno de sus grandes aspectos positivos: la competencia institucional. Sin embargo, lejos de darse este escenario, las instituciones impiden la libre competencia con un exceso regulatorio y compensas sus errores estratégicos con proteccionismo y un increíble aumento de las subvenciones y ayudas a las empresas radicadas en sus territorios.

Pero además de necesaria, como decía al principio, es coherente. Primero porque Rajoy – que no el PP, donde abundan los conservadores más que los liberales –, presumía de ser un liberal convencido; cosa que cuesta creer a la vista de las decisiones que ha tomado (subida de impuesto, rescate del sector financiero con medios públicos, intentos de condicionar el ejercicio de derechos civiles como el de manifestación pacífica, etc.), sobre todo porque la adopción de una moneda única supone un paso determinante hacia la integración de los mercados nacionales. Un proceso que obliga a corresponsabilizar la deuda de los Estados entre los socios del Euro, armonizar las políticas fiscales y presupuestarias, avanzar en marcos reguladores comunes, etc. Es decir, más Unión Europea. Un proyecto que sólo podrá lograrse si, cada uno, hace sus deberes en casa, cosa a la que muchos parecen no estar dispuestos. 

Presupuestos Generales del Estado 2013 (II)

De dónde sale el dinero y dónde se gasta.

INGRESOS

En millones de euros. 

Impuestos y cotizaciones a la seguridad social      192.500,35  (+4,5%)
Impuestos Indirectos        39.594,20  (+87,7%)
Transferencias Corrientes        15.560,30  (-59,6%)
Ingresos Patrimoniales          8.696,05  (-1,5%)
Transferencias de Capital          1.845,79  (-12%)
Tasas y otros Ingresos          7.691,89  (-11,8%)
Enajenaciones de inversiones reales             225,99  (-21,5%)

La subida de impuestos y cotizaciones a la seguridad social, los impuestos directos (IRPF, Sociedades y pago de autónomos y seguros sociales) se ven beneficiados por la congelación de las deducciones fiscales a las empresas. Estas no han desaparecido de nuestra legislación, sólo se contempla su congelación temporal durante el próximo año. No se trata, por tanto, de la necesaria reforma contributiva, sólo de una medida de recaudación temporal, cuya eficacia está por demostrar.

La extraordinaria subida en los impuestos indirectos, de más de un 87% , se explica por la subida del IVA, impuestos especiales (como los que gravan el tabaco e hidrocarburos) y otros como los impuestos de matriculación. No obstante, no parece contemplar el hundimiento del consumo, en parte provocado por la subida de estos impuestos.

Las transferencias corrientes, como las transferencias de capital, son el dinero que debe llegar al Estado desde otras administraciones. La situación de las Autonomías y los entes locales explica esta caída de casi un 60% de sus ingresos.

En ingresos patrimoniales y enajenaciones vemos cómo el Estado no está por la labor de acelerar el proceso de venta de inmuebles y terrenos singulares, muchos de ellos en desuso. En más de una ocasión se ha aludido a la posibilidad de vender, por ejemplo, terrenos del ministerio de defensa; y no pocos grupos de pensadores liberales han defendido que el Estado no está para alquilar habitaciones y debería deshacerse de Paradores Nacionales. Sin embargo parece que estas cuestiones no se contemplan como prioritarias para el próximo ejercicio.

Las Tasas y otros ingresos también caen con fuerza, más de un 11%. Muchas de estas tasas tienen que ver con ciertas actividades económicas, como las cobradas por la venta de tabaco,  por el reconocimiento de títulos y cursos, por derechos a exámenes, etc.

En conjunto se evidencia un cálculo optimista sobre el comportamiento del consumo, que no parece corresponderse, siquiera, con las previsiones de otras recaudaciones, donde sí que se prevé una caída de los ingresos debido a la recesión.

Tampoco parece que el PP esté muy interesado en combatir el fraude fiscal. Y si lo está, no confía en los resultados. Parte del crecimiento de la recaudación prevista de impuestos indirectos, se correspondería con una lucha contra el fraude en el IVA, sin embargo, no parece que esta tenga también su reflejo en Impuestos de Sociedades e IRPF.

GASTOS

En millones de euros. 

Personal          33.289,84  (+04%)
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios           7.180,64   (-5,8%)
Gastos Financieros         38.60,23     (+33,7%)
Transferencias corrientes       213.271,27   (-0,4%)
Fondo de contingencia           2.565,84   (+8,4%)
Inversiones reales           5.252,19   (-15%)
Transferencias de Capital           5.312,52   (-19,7%)
Activos Financieros           1.3928,07 (+8,2%)
Pasivos Financieros           6.2588,22 (+24,5)

 Lo más destacable es el capítulo de personal. Crece un 0,4% respecto al año 2012. ¿Cómo se explica, si los salarios de los funcionarios están congelados, no se contratan interinos y se auguran despidos, en especial entre el Personal Laboral? Muy sencillo, aunque el número de funcionarios se sitúa en 474.605 durante el 2013, un 2,2% menos que en el año anterior, crecerá el número de altos cargos en casi un 5%.

Otro dato es el hecho – ya previsto antes de la publicación de los presupuestos – del incremento en el pago de los intereses de la deuda. Por primera vez, pagaremos más por los intereses de la deuda que en nóminas a los funcionarios.

Gasto Social

Pensiones     121.556,51    (+4,9%)
Otras prestaciones       11.880,26    (-1,1%)
Servicios Sociales y Promoción Social         2.848,49    (-34,4%)
Fomento de empleo         3.771,51    (-34,6%)
Subsidios de Desempleo       26.993,70    (-6,3%)
Acceso a la Vivienda            765,88    (-6,6%)
Gestión y administración de la seguridad social         4.436,30    (+52,9)

 El gobierno asegura que estos son unos presupuestos sociales, y que el gasto implica un crecimiento del 2,4% respecto al año anterior en políticas sociales. Sin embargo, al leer con atención cada capítulo del gasto, comprobamos que todo baja, en especial el fomento del desempleo, con una reducción drástica. Lo único que sube (aparte del irrisorio 4,9% del capítulo de pensiones) son los gastos en gestión y administración de la seguridad social. Sube más de un 52% estos gastos, hasta sumar casi 4.500 millones. ¿De verdad quieren que nos creamos que cuesta tanto sostener la gestión de las prestaciones? Nos toman por imbéciles.

RESPUESTA MASIVA A LOS RECORTES DE RAJOY

En todas partes,

*Más 800.000 personas en Madrid. 400.000 en Barcelona. 350.000 en Valencia. 70.000 Zaragoza. 50.000 Gijón. 25.000 en Málaga. 15.000 en Granada. 8.000 Santa Cruz de Tenerife, etc.

No se ustedes, pero yo no recuerdo cifras y manifestaciones así desde el NO a la Guerra de Irak. Ayer quedé asombrado del número de personas que me encontré en las calles. Hoy me he sorprendido del trato mediático que algunos medios – en especial los públicos – han dado a las manifestaciones.

A todos los que ayer salimos a la calle para reivindicar nuestros derechos y luchar por lo que es nuestro: GRACIAS, Y QUE NO DECAIGA EL ÁNIMO.

*Cifras ofrecidas por los sindicatos. 

Recortes que llaman a más recortes

La única promesa electoral que le queda por incumplir a Rajoy es una bajada en las pensiones. Al tiempo. Es inevitable, habida cuenta de la marcha de la anti-política del gobierno.

Los gastos sociales tienen un efecto redistributivo. Cuando menguamos la inversión en políticas sociales estamos restando poder adquisitivo a los ciudadanos. No solo es insolidario, pues los recortes se ceban en quienes menos tienen. Además, hipoteca el futuro, pues la educación y el cuidado de la infancia se resienten, perjudicando las expectativas generacionales del país. Para colmo, resulta anti-económico al tener una repercusión directa en la adquisición de bienes y servicios relacionados con el bienestar de las clases medias y el ocio.

Si a esta política de ajuste social indiscriminado le sumamos el perjuicio que causa en el consumo de la subida de impuestos, es fácil comprender que las decisiones del gobiernos nos llevarán a más recesión.

Al disminuir la protección social y subir los impuestos, las familias dejan de consumir. Esta caída del consumo destruye a las pymes, crece el paro y cae la recaudación. Esta caída de la recaudación pública (ingresos por impuestos) fuerza a nuevos ajustes, cada vez más profundos y lesivos que los anteriores.

Es un círculo vicioso que sólo puede romper la inversión pública. Rajoy, sin embargo, parece no enterarse, o no querer enterarse. Aguarda que Europa recupere el pulso económico y España pueda beneficiarse del tirón y las sinergias del viejo continente. El problema es que esta ecuación suya es la cuadratura del círculo, una quimera metafísica.

Las políticas de Rajoy están empobreciendo el país, destruyendo la clase media, generando más despidos y destruyendo el tejido empresarial, en especial a las pymes y autónomos. Con la pérdida de valor de las empresas estamos perdiendo toda posibilidad de alcanzar la recuperación económica.

Culpabilizando a los funcionarios de la situación, cebándonos con este gremio, estamos desaprovechando el potencial que la función pública ofrece. Las administraciones públicas son también agentes económicos, pueden y deben contribuir a la dinamización de la economía. Los funcionarios son grandes consumidores, en vez de restarles poder adquisitivo, habría que incentivar su consumo.

Rajoy lo está haciendo todo mal. Su gestión nos está abocando al desastre. La prepotencia del PP está dividiendo cada vez más a una sociedad que no ha superado del todo sus traumas históricos. ¿Nadie en Moncloa tiene un mínimo de sentido común? ¿Nadie en el gobierno está en condiciones de asumir el liderazgo del que carece el presidente?

Al principio de la legislatura nos jugábamos nuestro futuro económico, pero desde que Rajoy está en el gobierno es mucho más lo que ha puesto en juego: nuestra forma de vida, los valores sobre los que edificamos nuestra convivencia e incluso la misma democracia.

 Rajoy se hartó durante años de gritar a los cuatro vientos que Zapatero era el problema de España. Bien, Zapatero ya no está, y el problema es usted. ¿Qué hará al respecto?

La Amnistía Fiscal de Rajoy

La propuesta del gobierno permitirá a empresas y particulares que han defraudado a la hacienda pública durante años, blanquear el dinero negro que han acumulado durante años al simbólico precio de un 10%, con independencia de la cantidad defraudada. Una tasa impositiva muy inferior a la que tendrían que haber abonado al fisco de haber hecho bien las cosas y sin ningún tipo de responsabilidad penal ni administrativa por su estafa al erario público.

Es fácil imaginar las consecuencias de una medida de esta naturaleza. En primer lugar, rompe con el principio de igualdad ante la ley, básico en cualquier Estado de Derecho, beneficiando al defraudador frente al ciudadano honrado que paga sus impuestos de manera regular. Supone, también, un grave perjuicio a las pequeñas y medianas empresas que están en las últimas ante el desplome de las ventas, la falta de financiación y la anunciada subida del impuesto de sociedades; estas verán cómo las grandes empresas, los piratas económicos y quienes trabajaban en B, podrán reinyectar liquidez a sus negocios, salvando la situación, mientras que ellos, por hacer bien las cosas, se verán condenados al cierre.

La amnistía fiscal es una propuesta impresentable desde lo ético, y un gravísimo atentado contra el Estado de Derecho. Además puede provocar un mayor desafecto de los ciudadanos hacia las administraciones. En un momento en el que la moral de la sociedad se encuentra bajo mínimos, y cuando el clima de conflictividad social va en aumento, premiar a los defraudadores puede general un shock difícil de superar. ¿Cómo piensa el gobierno pedirle a los españoles un esfuerzo fiscal cuando premia a quienes han estafado a la hacienda pública? ¿Qué fuerza moral tendrá la administración para exigirles a los ciudadanos el pago de sus impuestos cuando estos están viendo cómo se premia el dinero negro? El honor y la honradez es un valor que toda nación necesita para progresar, pero cuando se beneficia a los embusteros, a los vividores, a los usureros, a los estafadores y en general a cuantos defraudan a manos llenas, es difícil que el ciudadano de a pie mantenga su compromiso con la honestidad y los valores morales.

También genera un conflicto jurídico y territorial que, como tantos otros provocados por el gobierno del PP, podríamos ahorrarnos. En primer lugar, el artículo 31 de la Constitución Española establece que <<Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad>>, lo cual puede situar la propuesta del gobierno en el espacio de la inconstitucionalidad. Respecto al conflicto territorial que puede general, las primeras reacciones se han visto en las provincias de Bizkaia y Gipuzkoa, donde se niegan a aplicar la amnistía fiscal. Y puede que no sean los únicos. En cualquier caso, los territorios de que no disfrutan de la autonomía fiscal que el País Vasco, podrían usar esta injusta medida para reivindicar su independencia tributaria.

La amnistía fiscal, por muy “excepcional” que la intenten maquillar, deslegitima al gobierno para exigirles a los españoles el pago de sus impuestos. Supone, en la práctica, que los asalariados, los autónomos, las pymes y comercios soporten en exclusiva el gasto del estado, mientras que las grandes empresas y los especuladores que han defraudado a hacienda son tratados con alfombra roja. 

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