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¿Travesía por el desierto o exilio permanente?

El problema que subyace en el Partido Socialista Obrero Español es que aún no han comprendido la extrema gravedad de la situación en la que se encuentran. No están sólo hasta un castigo electoral y una prolongada travesía por el desierto; están sumidos en un exilio social. No comprenden lo que la sociedad les ha dicho: ¡que se larguen! ¡Todos! ¡No os queremos!

La razón es muy simple: quienes nos han conducido a esta crisis no están legitimados para sacarnos de ella. No basta con hacer examen de conciencia, propósito de enmienda y reivindicar el derecho a rectificar: hay que pulgar las culpas. La gente quiere ver que los culpables abandonan los privilegios asociados a su cargo político y se marchan a su casa para no volver.

Tuvieron su oportunidad y la desperdiciaron. Ahora toca expiar sus culpas. No en la oposición, como pretenden hacer ellos, sino en su casa, en sus puñeteras casas y para no volver, porque no tenemos ganas de volver a contemplarles la geta. Porque a la sociedad española, cada vez que les ve la geta, lo único que les entra es unas ganas locas de rompérselas de un guantazo.

 

Rajoy y sus cosas

El Presidente del Gobierno, en el transcurso de unas jornadas económicas organizadas por el prestigioso The Economist, hizo una defensa cerrada del bipartidismo y aseguró que en España no había <<partidos estrafalarios>> y de <<derivas pocos deseables>>. Quiero pensar que, el señor Rajoy, aún estaba cansado por las cumbres europeas y que habló para, entre otras cosas, tranquilizar a los inversores que allí estaban y dar una imagen de gobernabilidad en el exterior. Lo digo porque, si cree realmente que España va a continuar aceptando un bipartidismo a lo Cánovas y Sagasta, la lleva cruda. E igual podríamos decir del Psoe, encantado también con este discurso de cerrazón bipartidista.

Se argumenta la estabilidad que supone la existencia de dos grandes partidos turnándose en el poder, y sobre todo, concentrando grandes cuotas de poder territorial en Comunidades Autónomas, Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos. Como ejemplo paradigmático, se pone el caso del Reino Unido, Estados Unidos y Francia. Sin embargo, se olvidan de explicar algunas diferencias sustanciales. En el Reino Unido, los partidos nacieron desde el Parlamento; fue un proceso de creación, digamos que interno. Fueron los parlamentarios quienes se agruparon en dos grandes fuerzas, que por cierto, no eran los dos grandes partidos de hoy. Conservadores y Liberales se turnaron en el poder hasta la aparición del Laborismo, que relegó, pero no excluyo a los Liberales, quienes ya convertidos en Liberal – Demócratas han roto con el bipartidismo tradicional y forman coalición con los toris. Además, a nivel local y en Irlanda y Escocia, la pluralidad es máxima. Para colmo, los parlamentarios – y esta la cuestión de fondo – no tienen disciplina de voto, y en más de una ocasión no dudan en cuestionar abiertamente las decisiones del gobierno aunque sea de su propio signo político.

En Estados Unidos ocurre prácticamente lo mismo. Es verdad que Republicanos y Demócratas se turnan en el poder. Pero el concepto de partido en Estados Unidos es más parecido al que tenemos en Europa de una plataforma electoral. Además, en los estados, juegan un papel muy importante los independientes, en Florida por ejemplo, Charlie Crist, antiguo gobernador republicano se presentó como independiente al senado. Es algo habitual que esto ocurra, incluso que algunos políticos se lleguen a presentar por los dos partidos. Además, no es cierto que los partidos americanos concurran solos, en realidad, cada uno es apoyado por una pléyade de pequeñas formaciones y grupos de presión internos. Por ejemplo, sólo en los republicanos encontramos entre las principales organizaciones la Log Cabin Republicans, Liga de los Gays y Lesbianas Republicanas; Republican Main Street Partnership, Alianza Republicana de la Calle Main; Republican Leadership Council o Consejo de Liderazgo Republicano, que junto a la anterior forman el núcleo moderado del partido; la National Federation of Republican Assemblies, Federación Nacional de Asambleas Republicanas, que son los Teoconservadores; etc. Todas estas organizaciones (y otras muchas) tiene  una existencia propia al margen del Partido Republicano, y presentan sus propios candidatos a las primarias o pactan entre varios la presentación de un candidato conjunto. En cualquier caso, como ocurre en el Reino Unido, los senadores y los congresistas no están sujetos a ninguna disciplina de partido, y responden sólo ante quien los eligió.

En Francia, el sistema es mayoritario y está concebido para el bipartidismo, pero al contrario de lo que ocurre en España, los dos grandes partidos son proclives a integrar en sus candidaturas y sus gobiernos a los partidos más pequeños, configurándose más que dos partidos, dos bloques, el eje izquierdo y el eje derecho, ambos muy plurales. De hecho, Hollande ha integrado a los verdes en su ejecutivo. Además, en las elecciones regionales y municipales, el vencedor obtiene la mayoría absoluta, pero el resto se reparte proporcionalmente entre el resto de las fuerzas políticas. Así garantizan la representación de todas las tendencias. Para presentarse a segunda vuelta es necesario obtener el 5% de los votos en la primera ronda, pero la ley admite que varios partidos se coaliguen para sumar este tanto por ciento.

Además, tanto en Francia como en Estados Unidos, la elección del ejecutivo es presidencial, separando así el aparato legislativo y ejecutivo, dando lugar, en muchas ocasiones a la llamada cohabitación, es decir, cuando el ejecutivo tiene que gobernar con un parlamento del bloque político contrario.

Como ejemplo del desastre multipartidista se pone, con mucha frecuencia, el caso de Italia. Pero en realidad, el problema surgió en la alianza de unidad nacional contra el Partido Comunista, el cual después se terminó hundiendo solo (bueno, con alguna ayudita), la elevada corrupción y el largo brazo de la mafia.

Otros países, como Holanda, Bélgica, Suiza, Dinamarca, la propia Alemania o Israel, con el Parlamento más plural que conozco, acabaron hace mucho con el bipartidismo. España debe hacerlo. Está en manos de los dos grandes abrir el campo, tanto en el Congreso como en las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, es integrar a nuevos partidos con los que poder formar gobiernos de coalición. Y deben hacerlo a la vez que logran regenerar sus propios partidos. De lo contrario, nos dirigiremos, entonces sí, a la italianización de nuestra política. Riesgo que existe si no se ataja con firmeza la corrupción y los dos grandes partidos se hunden electoralmente.

Nunca es buena idea estar contra los tiempos. Tanto el PP y el Psoe deben darse cuenta que las cosas ya nunca serán como antes. El tiempo de los rodillos democráticos ha pasado. La gente clama en la calle soluciones a la crisis económica, a los problemas sociales que esta ha creado y a la regeneración democrática. Una regeneración que pasa, sin lugar a dudas, porque las instituciones dejen de ser  una multipropiedad del PP y del Psoe.

 

Cuando sólo importa maquillar las estadísticas

Las medidas aprobadas por el gobierno para impulsar la economía sólo buscan maquillar las estadísticas, aun a costa de llevar más sufrimiento a la sociedad. La más grave de todas las decisiones ha sido la deducción del 100% de las cotizaciones a la seguridad social durante un año para los contratos indefinidos de menores de 30 años. Dicho de otra forma, se condena a la exclusión del mercado laboral de todos aquellos españoles que se encuentren entre los 30 y los 67 años. Especialmente grave será la consecuencia de esta medida en quienes tienen ahora entre 30 y 40 años. Estos sufrirán una exclusión total del mercado laboral, sin posibilidad de encontrar un empleo y sin ninguna facilidad para emprender una empresa, pues las medidas para autónomos se centran, igualmente, en la franja de los menores de 30 años.

El gobierno de Rajoy ha excluido al segmento de población más vulnerable, pero a la vez también más productivo. Se trata de hombres y mujeres que tienen cargas familiares e hipotecas por pagar. Parejas jóvenes con hijos pequeños. La mayoría muy formados y con experiencia. Sin embargo, la decisión de primar los contratos de menores de 30 años supone que los treintañeros tendrán vedado el reingreso al mercado laboral durante años, cuando no serán expulsados de él para contratar a gente más joven con menos costes salariales. Además, se trata del grueso más valioso de la población activa, pues están formados (tanto o mejor que los recién graduados), dominan las nuevas tecnologías (tanto o más que los jóvenes, además las han empleado no sólo para el ocio y la formación, sino también en el ámbito laboral y profesional) y poseen experiencia. Pero el gobierno ha decidido que es mejor sacrificarlos para que las estadísticas de desempleo juvenil bajen.

La discriminación positiva siempre ha generado agravios, pero en esta ocasión ha llegado a un punto inaceptable. A todos los españoles de más de 30 años los ha convertido en ciudadanos de segunda clase, negándoles la oportunidad misma de encontrar un empleo.  Además, supone un error en términos económicos, porque estamos primando a quienes no han adquirido la experiencia necesaria para afrontar ciertas responsabilidades ni desenvolverse de manera correcta en un empleo. Se está empujando a los jóvenes a que hipotequen su futuro emprendiendo empresas que estarán – en su mayoría – abocadas al desastre. Recordemos que la tasa de mortandad de las empresas en España es altísima, en condiciones normales el 70% no supera los cinco años de vida. No hablemos de una situación como la actual, con una reducción de casi el 10% en el número de empresas existentes el último año. Ya en el 2008, el 20% de las empresas iniciadas desaparecieron durante el 2009. Con estas cifras, emprender un negocio es una heroicidad, pero hacerlo sin contar con una trayectoria profesional previa y sin experiencia sobrada, tanto en el sector como en la gestión del negocio, es un suicidio. Pero nada de esto le importa a Rajoy. No le importa que los jóvenes que se hagan autónomos destruyan su futuro, ni la exclusión laboral que impone a la generación de treintañeros, condenados a rebuscar en los cubos de basura la comida para sus hijos pequeños.

 

 

De la Reforma Local

Es imprescindible. Nadie lo puede poner en duda. La situación de los entes locales en España es vergonzosa. Por un lado, carecen de una financiación adecuada; por otro, son territorio proclive al abuso de poder, la simonía y el clientelismo. Todos sabemos de casos en los que un alcalde y los concejales de su grupo cobran cantidades obscenas, y se rodean de infinidad de asesores, puestos de libre designación, choferes y secretarias. Hay poblaciones de apenas 200.000 habitantes que disponen de gabinetes de prensa (escogidos a dedo) más numerosos que el de Presidencia del Gobierno.  Poner coto a estos abusos, limitando el número de liberados, asesores y puestos de libre designación, regulando sus salarios y evitando las puertas de atrás (proliferación de entes y empresas públicas, y asociaciones subvencionadas por los ayuntamientos), debería ser una prioridad de todos.

El problema surge cuando, a raíz de estos cambios necesarios (una imposición de la realidad, la sociedad y tomada a instancias de la UE, que nos dio varios toques informales al respecto), se intentan colar cuestiones que no son tan pulcras en sus intenciones. Con la Reforma Local que busca el PP, se pretende, entre otras cosas, blindar el bipartidismo.

Es en la administración local donde más fácil tienen lograr representación las fuerzas más pequeñas. Limitando las competencias se pretende que tengan una capacidad de gestión mínima, impidiendo que los ciudadanos puedan contrastar distintos modelos de gestión política. Además, con la limitación en el número de concejales liberados (mucho más drástica que en asesores y demás chufla enchufada), se busca restar recursos humanos y políticos a los grupos más pequeños. A día de hoy, un concejal portavoz en un ayuntamiento es todo el personal con dedicación exclusiva que cuentan formaciones como IU o UPyD en toda una provincia. Restando esta liberación, se pretende limitar la capacidad de acción de estos partidos.

Además, la redefinición del mapa municipal, llevaría a la integración de muchos pequeños municipios en otros más grandes. Como consecuencia, poblaciones de apenas quinientos o seiscientos habitantes pasaran a depender de un municipio cuyo núcleo de población principal es de cinco o diez mil habitantes. Consecuencia: las pequeñas poblaciones perderán cualquier capacidad de decisión sobre su propio destino, quedando en manos de los intereses económicos, a menudo especulativos, de poblaciones más grandes. En pocos años, asistiremos a una depredación del territorio rural. La población nativa de aldeas rurales se verá desplazada por los intereses económicos de grandes grupos económicos con intereses turísticos e inmobiliarios. Con la actual propuesta de Reforma de la Ley Local, certificaremos el final del mundo rural y se apuntalará el bipartidismo, el cual parece ser el objetivo último del PP en esta legislatura.

En realidad, lo que hace grandes o pequeños a los partidos no es tanto el número de diputados en el Congreso como su poder territorial y su presencia en todas las administraciones. Es de los ayuntamientos y las diputaciones provinciales desde donde llega mayor financiación a los partidos políticos mayoritarios. Es también, la base de su poder territorial. Está más que comprobado que allí donde se rompe el bipartidismo a nivel local se hunde también a nivel autonómico. Eso es justo lo que quieren impedir con esta reforma. Pretenden vaciar de competencias los ayuntamientos con el objetivo de ponérselo más difícil a los partidos pequeños. 

Por qué debe dimitir Ana Mato

En un momento como el actual, cuando el ciudadano ha perdido la confianza en los partidos políticos, quienes constituyen estas formaciones deben dar pasos inequívocos hacia la regeneración política y civil. No es tanto una cuestión de probar los hechos como de responder a la demanda de una sociedad que está cansada del mismo menú. La culpabilidad o no de la Ministra y sus responsabilidades en la trama Gürtel es algo que compete en exclusiva a los jueces. Así es y debe ser en un Estado de Derecho. Los juicios paralelos no son de mi gusto, e intento siempre mantenerme ajeno a las maniobras que buscan pulsar resortes emocionales para enturbiar la política y sacar provecho.

No obstante, la situación que se ha creado en España, no responde únicamente a la existencia de juicios mediáticos. Haberlos, haylos. Sería injusto e hipócrita malintencionado no denunciarlos. Pero qué duda cabe que, también, existe un desafecto social hacia la política que no se basa sólo en denuncias, brunetes mediáticas, sospechas e infamias. Existe una clara y rotunda exigencia a los políticos de una democracia más participativa. O dicho de otra manera: que se gobierno teniendo en cuenta la opinión de la sociedad en cada momento.

Por supuesto, la opinión de la sociedad puede ser muy voluble; y gobernar pensando sólo en las encuestas de opinión un grave error que pondría en peligro nuestro futuro. Para eso está la capacidad pedagógica de los políticos y los medios de comunicación. Y sobre todo, la sensibilidad y el sentido común suficiente para discernir lo que puede ser una moda transitoria de una tendencia social inequívoca. Como ejemplo, podemos poner el veto a la ILP que pide la dación en pago y la admisión de una ILP – con menos apoyo – a favor de la tauromaquia. La primera responde a una exigencia en auge de la sociedad, que quiere cambios profundos en la Ley Hipotecaria. La segunda, a la defensa numantina de una costumbre cruel a la que la sociedad da la espalda, como se pone de manifiesto en el descenso de corridas de toros y de espectadores de este tipo de eventos.

Igual ocurre con la Ley Electoral, que la sociedad lleva exigiendo que sea modificada dos décadas, pero que los partidos mayoritarios se han negado a discutir. O con los indultos, que precisa de una regulación para que no quede al arbitrio de los gobiernos; con la necesidad de transparencia de los perceptores de fondos públicos; y la democratización interna de los partidos.

Ante tantas y tantas pruebas de abuso de poder por parte de las élites de los partidos, que han desoído en demasiadas ocasiones a la sociedad, se deben acometer acciones que renueven la confianza de los ciudadanos. Esto implica un cambio profundo de actitud, y también guiños que trasmitan esa voluntad de cambio que todos exigimos. Ana Mato, dimitiendo, haría el mejor servicio a España. Demostraría que sí se puede, y sobre todo, que los partidos políticos están dispuestos a cambiar para renovar el pacto de representación con los ciudadanos. Un consenso tácito que, si se rompe, enrarecerá aún más la vida pública en nuestro país.

Los dos partidos más grandes de Europa eran el Partido Comunista italiano y la Democracia Cristiana de Italia. Se hundieron, y dieron lugar a una pléyade de partidos que defienden intereses muy particulares. Es el llamado “proceso de italianización” que ya vive Grecia y que puede terminar implicando a España. Si el PP y el Psoe no son capaces de reconocer sus errores, remodelar sus élites, gobernar y legislar con un ojo en el futuro y otro en la sociedad,  no se reconcilian con la clase media (cada vez más cabreada y asqueada de cuanto ocurre en el país), y no dejan espacio para que terceras fuerzas políticas condicionen de manera responsable las mayorías absolutas, se hundirán. Lo peor es que en ese naufragio arrastrarán al sistema mismo de partidos, que se fragmentará en decenas de formaciones  pequeñas, fácilmente manipulables por unos pocos, y que convertirán el Parlamento en un mercadillo de intereses.

Las encuestan aseguran que, de celebrarse hoy los comicios, el PP obtendría un 35% de votos y el Psoe un 30%. Incluso con la injusta ley electoral vigente, los juegos de alianzas y coaliciones para gobernar serían un verdadero sudoku, un cubo de Rubick difícil de componer. Algo que no es bueno para el país, pues tan terrible es este bipartidismo asfixiante como una excesiva fragmentación del voto.

Ana Mato puede ayudar a involucionar este proceso siniestro con su dimisión. Demostraría que el PP está dispuesto a escuchar a la sociedad en su clamor (3 de cada 4 españoles quieren que dimita o la cesen). Daría también la oportunidad a Rajoy de remodelar su gobierno y virar en sus políticas, inaugurando un nuevo escenario político que garantice el crecimiento económico y la recuperación de la confianza de los ciudadanos. 

¿Cómo es la ley hipotecaria en Europa?

Leyes hipotecarias europeas:

Grecia: Existe una moratoria que impide a los bancos echar de las viviendas a los inquilinos si esta es su residencia habitual.

Alemania: El banco cancela el préstamo y exige la totalidad de la deuda. El propietario dispone de seis meses para refinanciar con otra entidad o vender la vivienda antes de que sea embargada.

Reino Unido: El proceso de desahucio es uno de los más complejos de su ordenamiento, plagado de trámites y posibles recursos que dilatan al máximo los plazos para su ejecución. Si finalmente el banco se queda con el inmueble, es el precio de venta y no el de adjudicación el que termina por cubrir el préstamo. Si no fuese suficiente para cubrir la deuda, el banco puede reclamársela al deudor, pero esto puede declarar la bancarrota (igual que una empresa) y eludir así el pago.

Irlanda: En Irlanda, los impagos se abordan a través del denominado Proceso de Resolución de Deuda Hipotecaria, que en muchas ocasiones termina con la reestructuración de la deuda o en la dación de la vivienda para evitar un largo proceso judicial del que las entidades bancarias huyen como gato escaldado.

Holanda: Son muy habituales los procesos de reestructuración de deuda. No son nada infrecuentes los casos en los que la deuda y la propiedad se transfieren a un tercero que cobra al inquilino un alquiler. Hay incluso empresas dedicadas a esto. Los bancos colaboran mucho en la búsqueda de alternativas, pues está muy mal considerada socialmente la ejecución de una deuda de manera no amistosa. Tanto que el daño a la imagen de las entidades no compensa. En cualquier caso, si no queda más remedio que ejecutar, es el propietario quien vende la vivienda y queda así zanjada la deuda. Pero esto ocurre muy pocas veces.

Noruega: Si el propietario no puede hacerse cargo de la vivienda, está obligado a ponerla en venta. Durante el tiempo de venta puede residir en ella. La vivienda nunca es subastada ni se la puede adjudicar el banco. Esto obliga a las entidades a que condonen parte de la deuda para abaratar el precio del inmueble (pues el propietario no está obligado a venderla por menos de la deuda, a fin de que la venta resuelva el préstamo), comprarla al precio estipulado, o esperar.

Italia: Existe una moratoria para todos los desahucios de familias con ingresos iguales o inferiores a 27.000€.

Francia: Existe una comisión denominada de Sobreendeudamiento. Esta depende del Banco Central y arbitra cuando no hay acuerdo entre la entidad y el propietario a fin de reestructurar la deuda y autorizar moratorias. Si aún así, no fuese posible hacer frente a la hipoteca, queda el llamado <<restablecimiento>>, que consiste en vender los bienes propiedad del deudor para cancelar la deuda. Si aun así, la deuda no fuese cubierta enteramente, el restante se condona.

Aprobada la tramitación de la ILP que pide la dación en pago y una moratoria en los desahucios, existen elementos en el Derecho Comparado suficientes para impulsar una reforma profunda, que acerque nuestra legislación a la del resto de los países de nuestro entorno y ponga punto y final al drama social que vive nuestro país. ¿Estará el PP a la altura de las circunstancias? 

Sistema Proporcional Personalizado

08/02/2013 2 comentarios

Se trata de un modelo electoral que es juzgado por todos loes expertos como el más justo, sólo superado por el llamado Voto Único Transferible. Este último, sin embargo, tiene la pega de ser realmente complejo en circunscripciones amplias (se tienen ordenar según la preferencia del votante todos los diputados a elegir, lo que en alguna circunscripción es más de 30) y arroja muchos votos nulos.

El Sistema Proporcional Personalizado es simple, directo y logra conjugar la proporcionalidad y la vinculación de los ciudadanos y sus representantes. Para comprender como funciona, podemos comenzar por explicar el modelo alemán.

En primer lugar, se efectúan dos votos independientes y no uno. En el primer voto se elige al Partido cuya lista cerrada se presenta a las elecciones. Los votos obtenidos reparten los escaños por un sistema proporcional. Se denominan “Mandatos Totales”.

En segundo lugar, se vota a las personas, a los candidatos que los partidos presentan en las respectivas circunscripciones, casi todas unipersonales (es decir, se elige al más votado por un sistema mayoritario). Estos votos se denominan “Mandatos Directos”.

¿Cómo se hace el reparto de escaños? Es sencillo, los mandatos directos se restan a los mandatos totales para garantizar la proporcionalidad. La paradoja se da cuando un partido obtiene más Mandatos Directos que Mandatos Totales. Entonces se crean los llamados “escaños adicionales”. En la actualidad existen 24, todos en manos del partido de Merkel, razón por la que lograron la mayoría. El Constitucional Alemán ya ha exigido que se modifique el sistema antes de las elecciones generales de este año, cosa que aún no han  hecho.

Para superar este escollo, basta con modificar un poco el modelo. En Alemania se eligen prácticamente un 50% de Mandatos Directos. En otros países, como Escocia, Gales o Nueva Zelanda, la correlación entre proporcional y directo es distinta, evitando el escollo de tener que “ampliar el Congreso”. En cualquier caso, el debate más importante no está tanto en la cuestión de la correlación cómo en la introducción de barreras. En Alemania, por ejemplo, se exige un 5% de los votos en todo el territorio o tres mandatos directos. En España, con los resultados electorales, esto excluiría a partidos como IU y UPyD, que apenas obtendrían mandatos directos y no han superado la barrera del 5% de los votos.

El sistema, para que pueda ser aplicable a la realidad Española exigiría la supresión de esta barrera, la cual está también en la base de la necesidad que tiene el modelo alemán de crear “escaños adicionales”. Los partidos que no alcanzan ese altísimo listón del 5%, restan muchos votos a las candidaturas presentadas por los partidos. En consecuencia, la representación proporcional que obtienen es menor a los Mandatos Directos que reciben, pues muchos ciudadanos, sabiendo que un partido pequeño no podrá obtener un Mandato Directo, los vota en el Mandato Total. El problema es que, si el partido que ha recibido estos votos no logra el 5% en toda Alemania, los votos se pierden, y quedan inflados los Mandatos Directos. 

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