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Por qué debe dimitir Ana Mato

En un momento como el actual, cuando el ciudadano ha perdido la confianza en los partidos políticos, quienes constituyen estas formaciones deben dar pasos inequívocos hacia la regeneración política y civil. No es tanto una cuestión de probar los hechos como de responder a la demanda de una sociedad que está cansada del mismo menú. La culpabilidad o no de la Ministra y sus responsabilidades en la trama Gürtel es algo que compete en exclusiva a los jueces. Así es y debe ser en un Estado de Derecho. Los juicios paralelos no son de mi gusto, e intento siempre mantenerme ajeno a las maniobras que buscan pulsar resortes emocionales para enturbiar la política y sacar provecho.

No obstante, la situación que se ha creado en España, no responde únicamente a la existencia de juicios mediáticos. Haberlos, haylos. Sería injusto e hipócrita malintencionado no denunciarlos. Pero qué duda cabe que, también, existe un desafecto social hacia la política que no se basa sólo en denuncias, brunetes mediáticas, sospechas e infamias. Existe una clara y rotunda exigencia a los políticos de una democracia más participativa. O dicho de otra manera: que se gobierno teniendo en cuenta la opinión de la sociedad en cada momento.

Por supuesto, la opinión de la sociedad puede ser muy voluble; y gobernar pensando sólo en las encuestas de opinión un grave error que pondría en peligro nuestro futuro. Para eso está la capacidad pedagógica de los políticos y los medios de comunicación. Y sobre todo, la sensibilidad y el sentido común suficiente para discernir lo que puede ser una moda transitoria de una tendencia social inequívoca. Como ejemplo, podemos poner el veto a la ILP que pide la dación en pago y la admisión de una ILP – con menos apoyo – a favor de la tauromaquia. La primera responde a una exigencia en auge de la sociedad, que quiere cambios profundos en la Ley Hipotecaria. La segunda, a la defensa numantina de una costumbre cruel a la que la sociedad da la espalda, como se pone de manifiesto en el descenso de corridas de toros y de espectadores de este tipo de eventos.

Igual ocurre con la Ley Electoral, que la sociedad lleva exigiendo que sea modificada dos décadas, pero que los partidos mayoritarios se han negado a discutir. O con los indultos, que precisa de una regulación para que no quede al arbitrio de los gobiernos; con la necesidad de transparencia de los perceptores de fondos públicos; y la democratización interna de los partidos.

Ante tantas y tantas pruebas de abuso de poder por parte de las élites de los partidos, que han desoído en demasiadas ocasiones a la sociedad, se deben acometer acciones que renueven la confianza de los ciudadanos. Esto implica un cambio profundo de actitud, y también guiños que trasmitan esa voluntad de cambio que todos exigimos. Ana Mato, dimitiendo, haría el mejor servicio a España. Demostraría que sí se puede, y sobre todo, que los partidos políticos están dispuestos a cambiar para renovar el pacto de representación con los ciudadanos. Un consenso tácito que, si se rompe, enrarecerá aún más la vida pública en nuestro país.

Los dos partidos más grandes de Europa eran el Partido Comunista italiano y la Democracia Cristiana de Italia. Se hundieron, y dieron lugar a una pléyade de partidos que defienden intereses muy particulares. Es el llamado “proceso de italianización” que ya vive Grecia y que puede terminar implicando a España. Si el PP y el Psoe no son capaces de reconocer sus errores, remodelar sus élites, gobernar y legislar con un ojo en el futuro y otro en la sociedad,  no se reconcilian con la clase media (cada vez más cabreada y asqueada de cuanto ocurre en el país), y no dejan espacio para que terceras fuerzas políticas condicionen de manera responsable las mayorías absolutas, se hundirán. Lo peor es que en ese naufragio arrastrarán al sistema mismo de partidos, que se fragmentará en decenas de formaciones  pequeñas, fácilmente manipulables por unos pocos, y que convertirán el Parlamento en un mercadillo de intereses.

Las encuestan aseguran que, de celebrarse hoy los comicios, el PP obtendría un 35% de votos y el Psoe un 30%. Incluso con la injusta ley electoral vigente, los juegos de alianzas y coaliciones para gobernar serían un verdadero sudoku, un cubo de Rubick difícil de componer. Algo que no es bueno para el país, pues tan terrible es este bipartidismo asfixiante como una excesiva fragmentación del voto.

Ana Mato puede ayudar a involucionar este proceso siniestro con su dimisión. Demostraría que el PP está dispuesto a escuchar a la sociedad en su clamor (3 de cada 4 españoles quieren que dimita o la cesen). Daría también la oportunidad a Rajoy de remodelar su gobierno y virar en sus políticas, inaugurando un nuevo escenario político que garantice el crecimiento económico y la recuperación de la confianza de los ciudadanos. 

Una sociedad desmoralizada

En la edición de hoy del País, se ha publicado algunos fragmentos de la presunta contabilidad oculta del Partido Popular. Nombres como María de Cospedal, Pío García Escudero, Javier Arenas, Jaime Mayor Oreja y hasta el propio Mariano Rajoy aparecen como perceptores de estos supuestos pagos en negro, cuyo origen estaría en las donaciones recibidas por empresarios de la construcción y grandes grupos inmobiliarios, según las fuentes del mencionado diario. Serán los jueces quienes resuelvan la autenticidad de los documentos, y en su caso, las responsabilidades penales. Pero el daño que se está haciendo a la sociedad, no hay quien lo resarza.

Cada día, nos despertamos esperando un nuevo frente, una peor noticia, un nuevo escándalo. Cuando no son las dramáticas cifras del paro, es la prima de riesgo, o la bolsa que se hunde, o el consumo que se debilita aún más, o un duque que quizás jamás debió serlo, o la contabilidad secreta de un partido, o un alcalde que estaba en nómina de la mafia rusa, o un acusado por delitos graves que chantajea a altas instancias del estado, o una escritora fantasma que cobra suculentos tres mil euros por artículo y traducción… un goteo de miserias y decisiones fracasadas que está ahogando a la sociedad en el oscuro pozo de la depresión.

Tanto el PP como el Psoe son responsables últimos de cuanto está sucediendo. Buscaron de manera premeditada una sociedad lisiada, que fuese fácil de gobernar, sin criterio social que se opusiera a su manera de gestionar lo público. Socavaron los pocos intentos de construir una sociedad civil fuerte. El resultado es el que hoy estamos conociendo: una sociedad amorfa, sin estructuras ni formas de participación, un país sin identidad y sin principios morales. En último término, una sociedad desmoralizada, resignada al fracaso y la mediocridad, expuesta a los daños y abusos de los políticos y el mercado.

España precisa de una rápida regeneración política, económica y social. Urge impulsar los cambios precisos para recuperar la confianza y el deseo de hacer cosas, de iniciar proyector; porque en este país, por quitarnos, nos han quitado hasta las ganas. Con miedo, tristeza, indignación y rabia nunca se ha llegado lejos; es demasiado peso para una sola mochila. Durante demasiado tiempo, para justificar decisiones oligárquicas, se ha metido el miedo a la sociedad con el despido barato, con una sanidad y educación que decían “no nos podemos permitir” o sembrando dudas sobre las pensiones. Poco a poco, han horadado  nuestro ánimo, arrinconándonos contra las cuerdas. Es hora que rectifiquen y favorezcan – o al menos no entorpezcan – un cambio regenerador. De lo contrario, el vaso de la indignación rebosará y las consecuencias no serán buenas para nadie.

 

 

 

Gasto público + impuestos = menos crecimiento

En más de una ocasión (y de tres) he manifestado la necesidad de acabar con la concepción hipertrófica del estado. Abandonar la ilusión que dicta que un Estado grande es un Estado mejor. La eficacia de las administraciones no depende del tamaño de la administración sino en la correcta asignación de los recursos.

Para empezar, el Estado debería desprenderse de toda la carga <<parapolítica>> que lo rodea en forma de sindicatos y patronales dependientes del erario público para su sostenimiento (y que le restan independencia), onges, fundaciones, patronatos y empresas públicas en pérdidas. Debe hacerlo por tres motivos esenciales:

1º la dependencia económica del estado vía subvenciones convierte a los perceptores en rehenes del poder político, imposibilitando el desempeño correcto de sus funciones.

2º es un gasto que no nos podemos permitir y que, además, genera desventajas competitivas en los mercados, limitando la capacidad de crecer y generar riqueza de las empresas privadas.

3º la existencia de empresas de titularidad pública, pero disfrazadas bajo la apariencia de mercantiles, fomenta la corrupción y la opacidad den las cuentas. Son muchas las empresas zombi que suman deuda privada cuando, en realidad, son empresas constituidas con capital público y una dirección política impuesta por los diferentes gobiernos de turno.

La sobredimensión del Estado supone unos elevadísimos gastos. Gastos que, debido a la ineficiencia en la asignación de los recursos, genera un déficit estructural (gastamos más de los que ingresamos, incluso sin contar con los intereses de la deuda). Para cubrir este déficit, se suben impuestos, lesionando el consumo y limitando el ahorro. La consecuencia es menos crecimiento económico y por tanto, más pobreza.

Además, las ansias depredadoras del Estado están condicionando el mercado del crédito. En el último año, la banca ha pasado de acumular 94.778 millones de euros en bonos y Letras del Tesoro (que ya es dinero), a más de 195.203 millones de euros. Más de 100.000 millones de euros que se han destinado a financiar el hiper- estado en vez de financiar a pymes y familias.

Esta es una de las razones por las que la banca española está presionando al gobierno y a los medios de comunicación para que se solicite el rescate y este sea percibido por la opinión pública como la única solución posible. Su sobre exposición a la deuda española puede poner en peligro su propia supervivencia. Pero hay más tras estas cifras: la dependencia de la financiación convierte a los gobiernos en rehenes de la banca, a la que nada se le puede negar porque, entre otras cosas, es la que está poniendo los dineros para mantener empresas y entidades públicas y subvencionadas que poco o nada ofrecen al bienestar de los ciudadanos.

El siguiente gráfico muestra visualmente lo que estoy explicando:

 

Mientras que la financiación en general baja, la financiación a Estado (muy por encima de la privada) se mantiene estable e incluso crece en relación al 2011.

La consecuencia de esta situación es evidente, y es la que estamos sufriendo todos a diario: un rápido deterioro de nuestra capacidad adquisitiva, de nuestros ahorros y en consecuencia de nuestro nivel de vida. Cuando más tiempo dura esta situación, más familias de clase media quiebran y pasan a engordar las cifras de pobreza.

Sólo con una reconversión profunda del Estado se podría retomar rápidamente el crecimiento. Esto no tiene nada que ver con la cuestión territorial o las autonomías. Se trata de limitar la acción pública a aquello que está definido por los principios constitucionales y son la base de nuestra convivencia. El Estado debe dejar de comportarse como una multinacional con ramificaciones en todos los sectores. El Estado no está para gestionar cadenas hoteleras como Paradores Nacionales (con pérdidas millonarias) o hipódromos como el de la Zarzuela. Mientras no se reduzca el tamaño del Estado y se sigan destinando los escasos recursos a mantener todo este entramado político- económico, seguiremos sufriendo la crisis y sus terribles consecuencias. 

Gobierno autócrata

En ocasiones pienso que el gobierno cree que somos todos gilipollas. Es la única explicación que se me ocurre. Salvo que, como cada vez más gente empieza a creer, estemos ante un gobierno tirano, déspota y autócrata que responde sólo ante una pequeña y antidemocrática oligarquía.

Es increíble que, mientras la policía estaba zurrando a los manifestantes en la estación de Atocha, el gobierno indultase a un promotor, M.E.A.D., considerado cabecilla de una red de fraude fiscal y condenado en el 2010 por un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurrencia con otro delito de estafa agravada.

El uso abusivo por parte del gobierno del derecho de gracia desvirtúa el Estado de Derecho, haciendo que los ciudadanos tengan la impresión que la justicia solo es clemente con políticos, banqueros y promotores inmobiliarios. Este es el peor favor que se puede hacer al Estado de Derecho, pues cuestiona la igualdad de todos ante la ley, dando una imagen errónea de la realidad.

Soy el primero en considerar que las condenas penales no cumplen en España con su verdadera función, que es la reinserción del delincuente. Considero que muchas condenas son excesivas y que la privación de libertad no es la purga Benito. Al contrario, en muchas ocasiones en la que se aplica es contraproducente. Sin embargo, el uso arbitrario que el gobierno hace del indulto me gusta aún menos.

Este, como otros tantos indultos que acumula la legislatura, me parece injusto e inoportuno. No es el momento ni las formas. Cuando algunos consideramos que se está vulnerando el derecho a la libertad de expresión con multas e indemnizaciones multimillonarias, que llevan a medios enteros a la quiebra, por dar su opinión, o cuando el derecho a manifestación – no frente a las cortes, que debería estar legislado y prohibido, como ocurre en casi todos los países occidentales –, está siendo, a mi juicio, gravemente lesionado, no es el momento de indultar a quien ha sido condenado por los tribunales por un delito continuado de estafa y falsedad en documento mercantil. 

Presupuestos Generales del Estado 2013 (I)

¿Hacia dónde nos llevan? Una comparación con el mundo empresarial.

El gobierno ha sido criticado por la oposición y numerosos agentes sociales por la falta de rigor en la presentación de las cuentas públicas para el próximo año. Equivoca la mayor: los ingresos, los cuales, a juicio de muchos analistas son más optimistas de lo que aconseja la situación. Por su parte, el gobierno se defiende en la persona del ministro Montoro aduciendo que se trata de objetivos.

Esta actitud de no hacer de los presupuestos una cuestión de previsiones es propia de las grandes empresas y digna de alabanza. Se les paga por hacer que las cosas pasen, es lógico que sus presupuestos para el año próximo sean un plan de negocios y no únicamente una relación de ingresos y gastos. Pero como tal plan de negocio, este responde a un plan estratégico, el cual va más allá de los números e implica importantes reformas. ¿Cuál es ese plan estratégico? Quizás esta sea una de las claves para entender la legislatura y aventurar cómo se comportará el país durante el próximo ejercicio. Sin embargo, el PP guarda como secreto de estado lo que en cualquier otro país sería objeto de un debate público.

Como todo plan estratégico, responde a la pregunta de ¿dónde queremos estar en el futuro? Pero esta pregunta no ha sido nunca discutida en España por la ciudadanía. Esta puede ser la causa de mucho del desapego que existe entre la sociedad y la política. Los regidores no explican dónde pretenden situarnos en un futuro próximo porque jamás tomaron en cuenta a los ciudadanos a la hora de planificar la acción de gobierno. Tampoco tenemos unas élites capaces de alcanzar los consensos que han caracterizado a otros países, como por ejemplo Estados Unidos, donde gobierne quien gobierno, respetará los grandes consensos en materia nacional, el equivalente empresarial al plan director.

Para quienes no estén familiarizados con el lenguaje empresarial, un plan director responde a un periodo muy largo, de 20, 30 a 50 años, representan las intenciones de una empresa (pero también de una institución pública, cultural o deportiva) respecto a la sociedad. Son principios cualitativos y atemporales, relacionados íntimamente con la Visión, Misión y Valores de la empresa. Este plan director suele ajustarse cada diez años, o cuando se produce un cambio muy brusco en la situación del mercado o la sociedad.

El plan estratégico responde a los objetivos del plan director, pero al contrario que aquel, no establece objetivos cualitativos, sino cuantitativos, y suele ofrecer un horizonte temporal de uno a cinco años, aunque lo normal es de tres.

Además, se establecen planes operativos, normalmente anuales, que establecen los objetivos para cada una de las áreas de la empresa. Dicho de otro modo, cuantifica por cada departamento los objetivos a cumplir para alcanzar las metas establecidas en el plan estratégico.

Tal y como ha definido el gobierno su acción política, estos presupuestos son un POA, un plan operativo anual de la administración, pero queda por saber que otras cuestiones  recoge su plan estratégico u hoja de ruta, que nunca nos han explicado ni ha surgido del consenso social; siquiera del acuerde las élites. Y este quizás sea el problema más grave al que nos enfrentamos como país – y explica mucho de los problemas territoriales –, carecemos de un Plan director que inspire el resto de las acciones públicas.

¿Pero cuál es, en concreto, el plan estratégico de Rajoy? La verdad es que solo él lo sabe, y nunca se ha molestado en explicarlo. Quizás, porque sepa que no iba a gustar a nadie. Sin embargo, a partir de la información que da en los presupuestos y los anuncios de sus famosas “reformas estructurales”, podemos vislumbrar una parte significativa de su particular hoja de ruta.

Líneas Estratégicas de la política de Rajoy:

-          Estabilidad macroeconómica. Es decir, controlar la inflación, el déficit exterior y el déficit público. Se trata de depender menos del exterior. El caballo de batalla es la consolidación fiscal: los famosos recortes.

-          Lograr que vuelva a fluir el crédito para conseguir un nivel de inversión suficiente para la creación de empleo. Este objetivo se confía a la famosa Reforma del Sector Financiero. Esta reforma será la enésima emprendida desde el comienzo de la crisis; y todas han fallado. Sin embargo, es el requisito para cualquier crecimiento. Sin crédito no hay reactivación económica.  Desde el 2008 las cosas se están haciendo muy mal y muy tarde. O se cambia la dinámica, y no parece que sea el caso o se fracasará otra vez, acabando con cualquier posibilidad de mejora.

-          Mejora de la competitividad. Es decir, reducir costes, sobre todo salariales, para hacer de España un país capaz de exportar más y ser competitivos en el exterior. En esta dirección van orientadas todas las “reformas estructurales” de Rajoy, incluida la de la educación. La cuestión aquí es ¿con quienes quieren que compita España? ¿con Alemania? ¿Finlandia? ¿Canadá? ¿Nueva Zelanda? No, con estos no. Los competidores a los que Rajoy se refiere son China, Brasil, India, Turquía, Pakistán, Corea, etc. Los famosos países emergentes con costes salariales ínfimos, elevadas bolsas de pobreza y sin clase media: países de muy ricos y muy pobres.

Aquí es donde se encierra la clave de toda la política que intenta poner – más bien imponer – Rajoy: su objetivo estratégico es que España pueda competir con países en vía de desarrollo. Es evidente que, para lograr que podamos competir con estos países, debemos, primero, convertirnos en uno de ellos.

Seguro que hay quien piensa que soy demasiado pesimista y que mis críticas contra Rajoy son interesadas. Nada más lejos de la realidad. En esta estrategia, Rajoy y Rubalcaba, PPsoe, se dan la mano. La falta de un objetivo nacional común, y el desprecio que los dos partidos han sentido siempre hacia la opinión pública nos ha llevado a esta situación. Todos somos responsables, por acción u omisión, lo que deberíamos hacer ahora es trabajar para evitar que los pesimistas de verdad – quienes nos gobiernan y piensan que España nunca alcanzará niveles de desarrollo como los de Alemania, Reino Unido, Francia o Noruega – se salgan con la suya.

Muchas multinacionales ya han descontado este escenario en sus planes estratégicos hacia España. La mayor parte de las compañías que operan en Españas están preparando planes de marketing y estrategias similares a las que utilizan en los países asiáticos. Algunas de ellas ya las podemos ver en los supermercados. Sólo Unilever atenido el valor de reconocer este hecho, ha sido de la mano de Jan Zijderveld, su responsable en Europa, quien afirmó que <<Si un español gasta una media de 17 euros, no puedo venderle un detergente por la mitad de su presupuesto>> – tal y como ha publicado una conocida revista económica Emprendedores –. La respuesta de esta compañía a la situación actual de España y a lo que nos espera en el futuro es sencillo: venta de detergente y champú en dosis individuales con precios muy bajos, tal y como hacen ya en Indonesia.

Esta es la consecuencia directa del plan estratégico de Rajoy: nos convertiremos en la China de Europa. Seguro que algunos se alegran, empezando por el dueño de mercadona. Seguro que habrá quien lo niega, pero en los centros económicos de todas las empresas están ya estudiando cómo adecuar las estrategias que han usado en países como Corea, Indonesia o China al mercado español. Decir otra cosa es mentir o no tener ni idea del suelo que se pisa. 

A vueltas con la banca

Ya hemos dicho hasta la saciedad que la verdadera reforma que necesita España es la financiera. No es que las otras no sean necesarias, pero es que no tendrán sentido si antes no resolvemos el problema del crédito. Es como si alguien acude al médico a punto de morir por una infección y antes de inocularle antibióticos el médico le sacase una muela. No es que no fuera necesaria la extracción – quizás la muela estaba podrida y era la auténtica causa de la infección –, pero sin los antibióticos correctos, lo único que consigues es un fiambre con una dentadura sin caries.

El problema es que nadie en este país ha querido meterse con la banca. Más que por el poder real que tienen, porque les asusta las consecuencias de sus actos. No estamos en un país de lobbies. Siquiera el lobby financiero tiene el poder que le presumen sus detractores. La realidad es mucho más prosaica: políticos mediocres. La casta política española está formada por una legión de arrogantes trepas sin ninguna experiencia real en toma de decisiones estratégicas o gestión de crisis. Nunca se ha hecho nada para meter en vereda a la banca porque, sencillamente, no se sabía qué demonios hacer.

Se ha fallado demasiadas veces y ya nadie confía en que la reforma que prometen de resultados. ¡Tantas veces nos han dicho que esta era la definitiva! Pero esperemos, por el bien de todos, que sea verdad. Lástima que nada invite a la esperanza.

Los datos desvelados por la consultora Oliver Wyman demuestran que el gobierno no está por la labor de hacer las cosas siquiera cercanas a la realidad.

Este es el cuadro que resumiría las necesidades financieras de las entidades:

 

Los datos revelados plantean las necesidades en dos escenarios distintos: el actual y otro aún más difícil. Bien, sin observamos con atención, vemos que al BBVA le sobra más dinero en el escenario adverso que en el escenario base. Raro, rarísimo. ¿Cómo es posible que le vayan mejor las cosas en un escenario adverso, con – por ejemplo – una morosidad muy superior a la actual? Fácil: han hecho trampa.

Lo que ocurre es que el core capital en el escenario base es del 9%, la cantidad aconsejable para considerar que un banco está bien capitalizado. Pero en el escenario adverso, se ajusta al 6% para que salgan las cifras. Así de simple. Se cambian las reglas de juego.

En otras ocasiones, como en los cálculos que hacen referencia a la Caixa, lo que se hace es mantener los beneficios tanto en un escenario básico cómo en el adverso. Y así con todas las entidades.

Estas trampas y mentiras tan burdas son las que generan las desconfianza en los mercados pero, también y sobre todo, en los ciudadanos. Se les volverá a prometer que el crédito fluirá a raudales una vez nos endeudemos hasta las cejas para salvar de la quiebra a los bancos. Sin embargo, no es cierto. Las premisas sobre las que levantan sus previsiones son erróneas, están deliberadamente forzadas. Además, las entidades tendrán que ajustar sus balances y todo el dinero que les llegue irá a tapar agujeros y sanear sus propias cuentas. No quedará nada para las pymes y las familias.

Igual que cuando se decidió que sumando dos Cajas malas tendríamos una Caja de Ahorros buena, y se terminó por intoxicar a todo el sector financiero al mezclar manzanas podridas con otras sanas, esta recapitalización de la banca puede acabar por convertirse en el drama del siglo.

 

Aplaudimos a Alberto Casillas

Alberto Casillas, el héroe del Prado, protegió a unos manifestantes que se refugiaron en su cafetería ante las cargas policiales, impidiendo a los antidisturbios entrar en su local a efectuar los arrestos. Aplaudimos su actitud noble y honesta.

Estoy en contra de la campaña de manifestaciones “rodea el Congreso”, antes llamada “toma el Congreso”. Esta acción no es propia de los valores democráticos que dicen defender. Algunos se justifican en la actitud pacífica de sus reivindicaciones y en el “carácter simbólico del mensaje”. ¿Pero que hubiese pasado si la policía no llega a proteger el Congreso? ¿Qué hubiese sucedido si la seguridad en las inmediaciones de las Cortes hubiese sido la normal de una sesión del Congreso de Diputados? Sería ingenuo si creyese que la situación se hubiese desarrollado en perfecto civismo y los manifestantes – entre los que se ha demostrado existían grupos radicales – no hubiesen ocupado el congreso y actuado con violencia contra los diputados electos. Basta el ejemplo de cómo recibieron muchos al coordinador de IU, Cayo Lara, y eso que compartía la convocatoria.

Debemos recordar, también, que muchos manifestantes pedían un “proceso constituyente”. Claro que no todos abrazan las posiciones más radicales, pero sí que todos van a la par. Y este quizás sea el problema y la causa del fracaso de estos movimientos ciudadanos. Empiezan con un conjunto de ciudadanos bienintencionados, hartos de la situación que vive el país, pero cuando inician las protestas, son incapaces de definir con claridad cuáles son sus reivindicaciones. Plantean “cartas a los reyes magos” o la búsqueda de acabar con el modelo político actual pero sin definir con claridad qué modelo es el que ellos defienden.

Rodear la sede de la soberanía nacional para exigir la dimisión de un gobierno y todos los representantes electos y abrir un proceso constituyente, no sé cómo lo llamarán algunos, pero los nombres que a mí se me ocurren no son de buen gusto. Olvidan que cualquier transición, si no quieren que fracase o termine en violencia, se debe hacer de la ley a la ley. Es decir, se puede reformar la constitución, pero siempre según las reglas que la propia constitución establece para su reforma.

Algunos dirán que la Constitución está tan blindada que es imposible su reforma. No es cierto. Cualquier persona  con un mínimo de conocimientos jurídicos sabe que la Constitución Española no es tan difícil de cambiar como algunos dibujan, mucho menos difícil que modificar otras Cartas Magnas Europeas. La cuestión está en tener o no la representación suficiente en las Cortes para plantear estos procesos. Una representación que algunos dicen no se alcanza por la ley electoral. Sin embargo, peor que nuestra ley electoral es la británica, y allí el bipartidismo se ha roto. Si los liberal – demócratas del Reino Unido han logrado más del 20% de los votos (el doble que cualquier partido en España distinto del PP o el Psoe) y han entrado en el gobierno, también lo podrían hacer otras fuerzas políticas en España. Claro, que para lograrlo, no basta con protestar, además, hay que tener propuestas, y de eso andan más bien escasos.

Pese a mi oposición a esta movilización, de objetivos desfigurados y que a mi juicio atenta contra el orden Constitucional, la respuesta de la policía está siendo excesiva en muchos casos. Claro que no son los agentes los responsables, sino los mandos políticos que ordenan las cargas los auténticos culpables. Es una vergüenza que el gobierno y el PP estén criminalizando las manifestaciones, provocando una estrategia de acción-reacción en las calles para deslegitimar las protestas.

Este tipo de actuaciones policiales no tienen nada que ver con lo que la sociedad entiende como una democracia, y están causando un gravísimo daño a la imagen de España en el mundo. Además, por mucho que salgan los políticos del PP felicitando a la policía, la policía no está tampoco a gusto con las cosas que les obligan a hacer y la forma de hacerlas. El Sindicato Unificado de Policía, el SUP, ha cuestionado algunas de las cargas. Se trata de la voz crítica de la propia policía, cada vez más dividida entre quienes creen que estas actuaciones son inevitables y quienes empiezan a estar hartos de ser usados por los políticos en sus estrategias partidistas. Una situación que puede ir complicándose con el paso de los meses y que no beneficia en nada a nadie.

Pero esta vez, la irresponsabilidad no es solo del gobierno. También de los convocantes y de quienes desde partidos políticos y organizaciones varias les han dado alas. Ellos sabrán por qué. Por suerte, aún queda gente honesta, como Alberto Casillas, que no estaba en la protesta, pero que no dudó en defender a los manifestantes. Gracias a personas como él, España sigue teniendo futuro. 

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