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Piruetas legales

El Tribunal Constitucional suspendió ayer, con carácter inmediato, la aplicación del polémico euro por receta en la Comunidad Autónoma de Madrid. Decisión esperada tras la suspensión de la misma medida en Cataluña. Aún quedan meses por delante hasta conocer la sentencia final del TC, pero llama la atención que, con un claro precedente, el Gobierno de la Comunidad de Madrid continuase adelante con su propuesta, a sabiendas que el TC suspendería la decisión tras conocer el recurso presentado por el Psoe de Madrid.

Se trata de una actuación política absolutamente inmoral e injustificable. Sin entrar a cuestionar la medida en sí (la cual considero injusta e inconstitucional, aunque no soy yo quien debe juzgar ambos extremos), es inadmisible que un gobierno juegue al malabarismo jurídico y use resquicios legales para imponer sus posicionamientos ideológicos. Si bien se ha cumplido estrictamente con la legalidad, y no parece haber ningún acto antijurídico en la actuación del gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, es evidente que no les importó el espíritu que inspira a la legalidad. Pues una cosa es el contenido formal del ordenamiento jurídico y otra su fondo. Aquí vemos, de nuevo, que no se viola en contenido formal – la letra escrita – de la ley, pero se pasan por donde la espalda pierde su nombre el contenido de la misma y los valores cívicos que la inspiraron.

Estamos demasiado acostumbrados a ver en los poderes públicos este tipo de actuaciones que bordean la legalidad sin quebrantarla, pero vacían la norma de contenido. Ocurre, sobre todo, en cuestiones relacionadas con la sanidad y la educación por ser de naturaleza dual. Son a la vez, derechos y servicios públicos. La sanidad y la educación son derechos de las personas y los ciudadanos, recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución Española. Como tales derechos reconocidos, el Estado tiene la obligación de protegerlos y garantizarlos, pero ¿tiene también la obligación de facilitarlos? De acuerdo con constituyente si, rotundamente sí.

El constituyente no sólo se limito a establecer un decálogo o relación abstracta de Derechos, en muchos casos, estableció también la obligación de los Poderes Públicos de facilitar su ejercicio. Sanidad y educación se convirtieron así, no sólo en Derechos, también en un servicio público del que las administraciones no pueden abstraerse.

Es cierto que, en otros modelos de Estado del Bienestar – algunos mucho más eficientes que el nuestro –, esta obligación no existe, e incluso servicios como la sanidad y la educación están parcial o totalmente privatizados. Pero no ocurre así en España, el consenso constitucional obligó al Estado a implementar por sí mismo y de forma irrenunciable los servicios públicos, gratuitos y universales de la sanidad y la educación.

Actualmente, asistimos a un juego de piruetas legales que busca sortear la voluntad del constituyente sin pasar por la reforma constitucional. Se pretende disociar la titularidad de la gestión, aprovechando la diferencia que el derecho civil hace de la propiedad y los derechos de uso, para permitir la cuasiprivatización de la sanidad. Se pretende, también, desligar la asistencia sanitaria del tratamiento farmacológico. Estamos ante una actitud legal, en el sentido estricto del acto jurídico: no incumplir la ley; pero quebramos el consenso constitucional, nos pasamos por el arco el espíritu de consenso que ha hecho posible nuestra convivencia y progreso durante tres décadas. Una política de hechos consumados inmoral y abyecta que tiene como consecuencia, no sólo el deterioro de los servicios públicos, sino el fin del consenso constitucional y en consecuencia de la convivencia, abriendo la puerta a reivindicaciones que estaban a buen recaudo en el baúl de los recuerdos. 

Sois una Vergüenza

Carmen Álvarez – Arenas (PP) y Concha Gutiérrez del Castillo (PSOE), si tuvieseis un mínimo de dignidad dimitiríais de vuestros escaños. Si en vuestros partidos existiese un mínimo de vergüenza, os exigiría la dimisión. 

La deslealtad de los ricos

Que las élites de nuestro país jamás se han comprometido con España es algo que viene de lejos. Los millones que huyen de la incertidumbre económica hacia paraísos fiscales es una prueba de ello. La manera de hacer empresa, también.

Ahora vienen algunos empresarios, como el dueño de Mercadona, el señor Juan Roig, ha decirnos que <<si no trabajamos más seremos intervenidos>>. La frase es desafortunada en cualquier circunstancia, pero en los momentos presentes, con las incertidumbres que sufre el país, la compleja situación política de la UE y la presión sobre la Prima de Riesgo es una deslealtad intolerable.

El señor Juan Roig, que hace poco deseaba vernos trabajar <<como chinos>>, habría que recordarle que los problemas económicos de España tienen su origen en un modelo sustentado en sectores de escaso valor añadido (como el suyo, por ejemplo) y la baja productividad. Y en ambos casos la causa es de los empresarios.

La asignación de recursos a sectores de escaso valor añadido es resultado de la decisión de los inversores (es decir, los empresarios) que buscan dinero fácil y rápido, en vez de apostar por inversiones sostenibles y que beneficien a todos los elementos de la ecuación: empresario – trabajador – cliente.

Por mucho que ahora algunos vayan de patriotas, a nadie ha importado menos España que a los empresarios españoles.

La falta de productividad se debe, como ha señalado el Informe de la Oficina Internacional del Trabajo, a las siguientes IV causas:

a)      Trabajo suplementario debido a deficiencias en el diseño y especificaciones.

b)      Trabajo suplementario debido a métodos ineficaces de producción o funcionamiento.

c)      Tiempo improductivo por deficiencias en la dirección.

d)      Tiempo improductivo que el trabajador debe subsanar.

Dicho de otro modo, en tres de las cuatro causas de la baja productividad los culpables son los equipos directivos, es decir: los empresarios. Vd. Señor Roig.

Ni Vd. Ni ningún empresario tiene derecho a decir que los trabajadores no hacen lo suficiente. ¿Por qué entonces somos demandados desde el extranjero? Muchos jóvenes españoles están saliendo a buscarse la vida fuera de España: ganan más dinero y disfrutan de mejores condiciones laborales. De hecho, la fuga de cerebros no es nueva, no ha llegado con la crisis, solo se ha intensificado; desde hace veinte años, los investigadores y los mejores de cada sector se marchaban fuera.

En España hay problemas, muchos problemas, se llaman muchos malos empresarios.

La Tormenta que se avecina

De las muchas reformas que España necesita, la más importante es la del sector energético. Puede que algunos piensen que la clave para la salida de la crisis hay que buscarla en una reordenación del entramado financiero. No se equivoca, pero eso esta es una respuesta a corto plazo. A más largo plazo, los países se enfrentan a dos problemas muy claros e interrelacionados: la escasez energética y el cambio climático.

Poco ayuda la decisión de congelar las ayudas a las renovables. Lograr una autosuficiencia energética basada en las energías limpias debería ser un objetivo prioritario para cualquier gobierno. Irrenunciable en ninguna circunstancia. Pero la opinión que parece tener la derecha gobernante es otra. No solo no se preocupa del desarrollo energético limpio, sino que lanza a sus fuerzas mediáticas contra los movimientos ecologistas que alertan del grave error que se comete al no tomar en serio las renovables y el cambio climático.

Todo indica que la reforma del sector energético se impulsará poco después de las elecciones andaluzas, e intentará compensar el déficit de la tarifa con activos inmobiliarios. Es decir, como el coste energético es muy elevado, y seguirá creciendo según se agotan los combustibles fósiles, el país se podría quedar a oscuras si las tarifas siguen subiendo, salvo que el gobierno compense de alguna forma a las eléctricas para que éstas no repercutan todo el coste directamente en los consumidores. La fórmula de compensación que se baraja es la entrega de activos inmobiliarios. O sea, que no solo no se favorecerá un cambio en el modelo energético, sino que se pagará el actual modelo insostenible con activos inmobiliarios que convertirán a las eléctricas en un agente depredador del territorio.

  

El Problema de las Comunidades Autónomas

01/03/2012 1 comentario

Estos días he hecho una encuesta entre amigos y conocidos vinculados a la política para que, off de record, me diesen su opinión sincera sobre las Comunidades Autónomas. No pretende ser una encuesta científica ni arrojar ningún resultado irrefutable, solo recoger algunas ideas sobre cómo perciben los políticos las Autonomías.

La mayor parte de ellos se muestran favorables, pero reconocen que los errores que se han cometido en la gestión del modelo están causando desafección entre los ciudadanos, quienes cada vez en mayor número las ven como un problema o lastre excesivo.

En mi opinión, el problema radica en errores del constituyente que tienen poca enmienda si no abordamos una – a mi juicio – necesaria reforma de la Carta Magna.

En la Constitución Española de 1978 se establece como competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas la educación y la sanidad. Esto hace que las instituciones autónomas tengan que pechar con la cargar social del Estado, pero no puedan disponer de una política fiscal propia. Es como si nos diesen la lista de la compra pero se olvidasen de darnos también el dinero con el que comprar.

Esto no supone que esté a favor de la libertad fiscal dentro del Estado. Me limito a señalar lo evidente. Lejos de considerar que las Comunidades Autónomas puedan organizarse fiscalmente al margen de la Administración del Estado, considero que es el Gobierno Central quien debería ser “dueño” de estas competencias.

Las competencias en materia de educación y sanidad deben ser competencia exclusiva de la Administración del Estado y no de las Comunidades Autónomas, como ocurre en la actualidad. De no afrontar esta reforma, las diferencias territoriales y los agravios comparativos seguirán creciendo. Esto no quiere decir que deba ser el Estado quien gestione directamente, pero si quien tenga la última palabra en cuanto a los dos pilares más importantes del modelo social. Soy partidario, por tanto, de una reforma constitucional que haga de la educación y la sanidad pública una competencia del Estado, aunque la gestión pueda delegarse en las Comunidades Autónomas.

Otro de los problemas que deberíamos afrontar atañe al modelo de organización de estas Comunidades Autónomas. Se han concebido, casi sin excepción, según modelos de estados centralistas. Es decir, las Administraciones Autonómicas se han organizado como pseudos estados centralistas o mini estados dentro del estado. Esto es un error tanto en términos de eficiencia como históricos: el modelo actual solo conduce a las ineficiencias y duplicidades, además de resultar contrario a unos tiempos que han superado con creces el concepto de Estado – Nación, más propio del siglo XIX que del actual.

Además, Estado y Comunidades Autónomas han ahogado a los municipios. La política local ha sido entendida como una política de segunda división y jamás ha centrado el discurso de los líderes nacionales. Esto es un gran error, pues es en los pueblos y ciudades donde se desarrolla la convivencia. Las personas estudian, emprenden, trabajan, viven y forman sus hogares en pueblos y ciudades; el municipalismo debería tener, por tanto, tanta importancia – al menos – como las Comunidades Autónomas.

En este siglo XXI, el Estado (y eso incluye a las Autonomías y los municipios) debe ser replanteado conforme a criterios de eficiencia, transparencia y participación democrática. Debemos superar los conceptos heredados del siglo XIX y asumir que la organización del estado debe ser menos piramidal y jerárquica para parecerse más a las redes neuronales. No se trataría, como algunos pretenden, de acabar con las Comunidades Autónomas, sino replantear su organización y competencias, haciendo posible una verdadera revolución de lo municipal, y adecuando las redes de poder a las nuevas realidades de este siglo.

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