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Piruetas legales

El Tribunal Constitucional suspendió ayer, con carácter inmediato, la aplicación del polémico euro por receta en la Comunidad Autónoma de Madrid. Decisión esperada tras la suspensión de la misma medida en Cataluña. Aún quedan meses por delante hasta conocer la sentencia final del TC, pero llama la atención que, con un claro precedente, el Gobierno de la Comunidad de Madrid continuase adelante con su propuesta, a sabiendas que el TC suspendería la decisión tras conocer el recurso presentado por el Psoe de Madrid.

Se trata de una actuación política absolutamente inmoral e injustificable. Sin entrar a cuestionar la medida en sí (la cual considero injusta e inconstitucional, aunque no soy yo quien debe juzgar ambos extremos), es inadmisible que un gobierno juegue al malabarismo jurídico y use resquicios legales para imponer sus posicionamientos ideológicos. Si bien se ha cumplido estrictamente con la legalidad, y no parece haber ningún acto antijurídico en la actuación del gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, es evidente que no les importó el espíritu que inspira a la legalidad. Pues una cosa es el contenido formal del ordenamiento jurídico y otra su fondo. Aquí vemos, de nuevo, que no se viola en contenido formal – la letra escrita – de la ley, pero se pasan por donde la espalda pierde su nombre el contenido de la misma y los valores cívicos que la inspiraron.

Estamos demasiado acostumbrados a ver en los poderes públicos este tipo de actuaciones que bordean la legalidad sin quebrantarla, pero vacían la norma de contenido. Ocurre, sobre todo, en cuestiones relacionadas con la sanidad y la educación por ser de naturaleza dual. Son a la vez, derechos y servicios públicos. La sanidad y la educación son derechos de las personas y los ciudadanos, recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución Española. Como tales derechos reconocidos, el Estado tiene la obligación de protegerlos y garantizarlos, pero ¿tiene también la obligación de facilitarlos? De acuerdo con constituyente si, rotundamente sí.

El constituyente no sólo se limito a establecer un decálogo o relación abstracta de Derechos, en muchos casos, estableció también la obligación de los Poderes Públicos de facilitar su ejercicio. Sanidad y educación se convirtieron así, no sólo en Derechos, también en un servicio público del que las administraciones no pueden abstraerse.

Es cierto que, en otros modelos de Estado del Bienestar – algunos mucho más eficientes que el nuestro –, esta obligación no existe, e incluso servicios como la sanidad y la educación están parcial o totalmente privatizados. Pero no ocurre así en España, el consenso constitucional obligó al Estado a implementar por sí mismo y de forma irrenunciable los servicios públicos, gratuitos y universales de la sanidad y la educación.

Actualmente, asistimos a un juego de piruetas legales que busca sortear la voluntad del constituyente sin pasar por la reforma constitucional. Se pretende disociar la titularidad de la gestión, aprovechando la diferencia que el derecho civil hace de la propiedad y los derechos de uso, para permitir la cuasiprivatización de la sanidad. Se pretende, también, desligar la asistencia sanitaria del tratamiento farmacológico. Estamos ante una actitud legal, en el sentido estricto del acto jurídico: no incumplir la ley; pero quebramos el consenso constitucional, nos pasamos por el arco el espíritu de consenso que ha hecho posible nuestra convivencia y progreso durante tres décadas. Una política de hechos consumados inmoral y abyecta que tiene como consecuencia, no sólo el deterioro de los servicios públicos, sino el fin del consenso constitucional y en consecuencia de la convivencia, abriendo la puerta a reivindicaciones que estaban a buen recaudo en el baúl de los recuerdos. 

Privatizar la sanidad

Los gobiernos, en su gestión, pueden cometer errores graves y verdaderos descalabros. A menudo, el daño de una mala decisión política se mide por la proyección temporal de una medida. Es decir, cuando se gobierna se toman decisiones que pueden ser reparadas en el futuro si se demuestran equivocadas, o decisiones que condicionaran el futuro de manera irremediable. La privatización de la sanidad es una de estas medidas irreparables que nos ocasionará perjuicios durante décadas, condicionando el futuro de muchas generaciones.

Debemos hacer notar que privatizar no es sinónimo de liberalizar; al contrario. Cuando se privatiza se cede el monopolio público a inversores privados, casi siempre amigos del actual gobierno. Cuando se liberaliza, lo que se hace es permitir la libre competencia, algo que no necesariamente se consigue con la privatización.

Siquiera privatizar significa un primer paso para liberalizar el mercado. Para que un mercado sea de libre competencia, lo que se tiene que hacer es, en primer lugar, garantizar que todos compiten bajo las mismas reglas. Pero cuando el Estado vende sus joyas a unos pocos, está beneficiando a estos frente a cualquier competencia futura. De hecho, pocos mercados tienen tantas barreras de entrada como aquellos que tuvieron su origen en monopolios públicos y luego se privatizaron. Para ejemplo el mercado de las teleco o las energías.

Con la privatización tampoco se logra mejorar la eficiencia del sistema de sanidad. Basta comparar el actual gasto sanitario español en términos de PIB con el de EE.UU. España gasta en sanidad y farmacia el equivalente al 9% de su PIB, mientras que EE.UU. – un sistema prácticamente privado al 100% – gasta el 18,5%.

Tampoco disparamos el gasto sanitario en comparación a otros países de la UE. Por ejemplo, Reino Unido gasta el 15,1% de su PIB, Francia el 16%, Alemania el 18%, Austria el 15,8%, Dinamarca el 15,3%, etc.

No tenemos una sanidad cara. Ni una sanidad que no nos podamos permitir. Hace falta mejoras, cambios que favorezcan las eficiencias, generen sinergias positivas y ayuden a racionalizar los recursos. Pero esta aspiración – que es la aspiración de todo buen gestor – no es limitativa de las crisis ni del sector sanitario público. Toda la administración, en todo momento, debe apostar por la excelencia, y esto supone mejoras en la calidad, la atención, la satisfacción del ciudadano y la eficiencia o correcta asignación de los recursos.

Privatizar la sanidad no conduce a una mejora de la sanidad ni a una reducción del gasto sanitario. Más bien, todo apunta en la dirección contraria: peor servicio a mayor coste.

Los ejemplos de Valencia, donde aproximadamente el 20% de la sanidad está ya en gestión privada, según fuentes del diario El País, evidencia que no se gana nada con ceder la gestión privada de los hospitales a inversores privados.

¿Por qué quiere entonces el PP privatizar los hospitales? Si pudiera entrar en la cabeza de Rajoy probablemente me volviese loco. No tengo respuesta para explicar las causas de este error tan grave e irreparable, pero mucho me da que las descubriremos en cuanto conozcamos los nombres de las empresas que se beneficiaran de la gestión privada de estos hospitales. 

Humo negro

Artur Mas ha levantado una cortina de humo para ocultar sus vergüenzas. Cataluña lleva sufriendo más de una década de desgobierno. El tripartito dejó el patio hecho unos zorros, y CIU, en su retorno al gobierno de la Generalitat no ha sabido – o no ha querido – solucionar los problemas de fondo. Ahora, con el agua al cuello y el descontento en las calles, provocado sobre todo por sus recortes en sanidad, educación y bienestar social, agita la bandera nacionalista con la esperanza de pescar votos en rio revuelto.

Flaco favor el que hace a Cataluña y ninguno a España. Se equivoca si cree que puede engañar a los catalanes con falsas promesas. El nacionalismo es como la fantasía épica: a todo el mundo le gusta el Señor de los Anillos, pero no salimos a la calle vestidos de elfos. Soñar es divertido, necesario incluso; el problema sobreviene cuando olvidas la realidad.

No le doy mucha importancia al tema porque estoy convencido que CIU enfriará los ánimos tras revalidar el gobierno de Cataluña. Pero es cuestión peligrosa abrir la caja de Pandora; no sabes que podrás encontrar dentro. A veces, cuando pones en marcha procesos de esta índole, corres el riesgo de no disponer de suficientes mangueras a tiempo para apagar el incendio. Que se lo digan a la joven que cursó una invitación pública para su fiesta de cumpleaños en facebook y se encontró con miles de jóvenes acudiendo en masa a su jardín.

Los nacionalistas catalanes buscan la confrontación con España para obtener réditos electorales suficientes con los que seguir mangoneando. Están manipulando a gran parte de la sociedad catalana. Desde que se habla de la independencia, ya no se habla de los problemas en los hospitales, del cierre de ambulatorios, de la difícil situación de los comedores escolares, del aumento injusto y abusivo de los peajes o de los problemas de seguridad ciudadana. CIU juega a demonizar a España para, haciéndola responsable de sus males, presentarse ante el electorado como adalides de la libertad. En este silogismo absurdo solo hay una víctima: la verdad. Saben que la única solución para Cataluña es más España, igual que para España la solución es más Europa; pero sus intereses personales les llevan a empujar a toda Cataluña hacia el precipicio del absurdo.

 

Hollande versus Rajoy versus Monti

Las comparaciones son odiosas y con frecuencia injustas. Las circunstancias de España, Francia e Italia no son las mismas. Tampoco nuestra historia y formas de ser son iguales; pero singularidades a parte, somos países con muchas, muchísimas cosas en común. Pero sobre todo, con la voluntad férrea de construir juntos un futuro común.

Es inevitable que las comparaciones surjan, y con ellas se evidencien nuestras fortalezas y debilidades como país. Esto no debería ser un problema. Al contrario, es la oportunidad de crecer y mejorar, siendo también generosos con el resto de pueblos que forman la UE.

También nos da la oportunidad de juzgar distintos estilos de hacer política y enfrentarse a los problemas.

En los últimos días, circula por internet una carta con los “éxitos” de la gestión de Hollande al frente de su gobierno. Este texto es un bulo. En él puede apreciarse un despropósito absoluto en las cifras. Se afirma que con sólo 2,3 millones de euros se construirían 4.500 jardines de infancia, es decir 511€ por escuela.

Tampoco es cierto que se hayan suprimido las ayudas a la Iglesia, tal y como se afirma. Es falso, estas ayudas se mantienen. Existe, eso sí, un compromiso electoral de reformar la constitución para que Francia se defina como un Estado Laico, y suprimir “algunas” ayudas. Pero esto no se ha hecho aún y dependerá de la Asamblea Nacional.

La contratación de científicos es un proyecto que lleva tiempo en marcha en Francia y que implica a tanto el Estado cómo a la inversión privada. El número aportado por el citado bulo, quizás no sea exacto, pero parece bastante aproximado a la realidad de años anteriores.

Los maestros contratados hasta el momento, eran contrataciones previstas hace ya tiempo por el anterior ejecutivo de Sarkozy.

No existe en Francia nada parecido a “bono – cultura” o “comités de emprendedores estatales” encargados de gestionar las ayudas públicas. Esto es uno de los disparates más importantes del texto.

Es una pena que algunos estén recurriendo a la intoxicación para intentar sacarle los colores al gobierno de España. ¿Acaso no da ya suficientes razones para la crítica que hay que buscarlas en la mentira?

Puede que, lo que pretendan sea arrimar el ascua a su sardina. Pero resulta que el Psoe y Partido Socialista Francés se parece lo que un huevo a una castaña. Además, resulta que el referente histórico del Psoe siempre ha sido la socialdemocracia alemana. Y fue Schroeder quien inició la política hoy continuada por Merkel que tantos problemas ha generado en Europa. Basta con escuchar a Almunia para saber lo que realmente piensa el Psoe.

Por nuestra parte, que ni ganamos ni perdemos nada en esta pelea de putas viejas, confiamos en la verdad y la razón, el diálogo y los argumentos. No nos hicimos eco de las mentiras – algunos querían que publicásemos el texto –, ni lo haremos nunca.

Considero que los grupos prosocialistas que circulan por la red, manipulando y extendiendo bulos, harían mejor en hacérselo mirar por un buen especialista.

Aprovechamos la coyuntura para hacer un resumen de las decisiones más conocidas de Hollande, Rajoy y Monti. Algunas, la verdad, resultan envidiables. Y es cierto que las medidas de Rajoy son las más antisociales y las que peor resultado están cosechando. Por ejemplo, la prima de riesgo española estaba por debajo de la italiana y ahora es la española la que está muy por encima de la italiana. Razón: Monti ofrece más credibilidad a los mercados que Rajoy. 

HOLLANDE RAJOY MONTI
Sustitución progresiva de los vehículos oficiales por híbridos de fabricación francesa. Subida de 3 puntos en el IVA 20.000 Millones de ajuste.
Contratación de 2.560 jóvenes científicos en 175 centros de investigación (con apoyo privado). 65.000 millones en recortes y ajustes. 10.000 Millones para el crecimiento.
Impulso europeo a las políticas de crecimiento. Reducción de los subsidios de desempleo.  Desaparición de la ayuda de 400€. Aumenta el periodo de cotización: 42 años para los hombres y 41 para las mujeres.
Reducción de los salarios de los altos cargos del gobierno en un 30%. Supresión de la paga extra de navidad en la administración. Congelación de las pensiones de más de 960€.
Supresión de la subida del IVA prevista para el 1 de octubre. Reforma Laboral: facilita el empleo y resta fuerza jurídica a los convenios colectivos. Tasa especial para los bienes de lujo y los coches de alta gama.
Adopción de un código deontológico que regula el uso de vehículos en viajes oficiales: estos se realizarán prioritariamente en tren. En avión en clase turística. Aumenta el número de personal eventual y asesores en Moncloa en un 28% (de 192 durante el gobierno Zapatero a 245 en el actual). Supresión de las Juntas Provinciales.
Reducción del IVA que afecta a la cultura de un 7% a un 5,5% (2,5% para estrenos teatrales). Derogación de facto de la ley de dependencia. Beneficios fiscales para la inversión en empresas.Iglesia

Algo que llama mucho la atención a los ciudadanos es el lujo de los coches oficiales y los viajes de los políticos. Hollande lo sabe y ha decidido apostar por vehículos ecológicos, de producción francesa, y gama media. Además, aconseja a todos los altos cargos de su administración, ministros incluidos, que cojan el tren y eviten los aviones. En su caso, siempre vuelos comerciales y en clase turista.

Aun está por ver que los costes del viaje de un ministro, asesores y seguridad compensan. El viaje en tren de Hollande a Bruselas no fue más barato que si lo hubiese hecho en avión privado. Sin embargo, la política es algo más números, también son gestos, actitudes, manera de hacer las cosas. En Francia, donde los políticos siempre se han caracterizado por “vestir ropa de diseño francés”, esos pequeños gestos son muy bien recibidos por la población, incluso constantemente demandados. ¿Serían igual de bien recibidos en España? Quiero pensar que sí. Pero en España tenemos los políticos que tenemos y sería demasiado pedirles peras a un olmo.

Tomar la calle

Hoy jueves, están previstas concentraciones en todas las capitales de provincia para manifestar la repulsa contra las políticas de Rajoy. Como en los días sucesivos, donde colectivos como el de los bomberos y policías han estado encabezando algunas marchas, confiamos en la participación masiva de la población. Es la única manera de hacer rectificar a un gobierno sordo a toda razón o argumento.

El recorte de 65.000 millones que anunció Rajoy, la subida de impuestos y el resto de las medidas leoninas que se ceba en los más débiles son inútiles. La prima de riesgo sigue 200 puntos por encima de los precios que se justificarían con nuestros fundamentales y las previsiones de recesión para el 2013 son de más de medio punto sobre el PIB, a causa de estas medidas.

Incluso el FMI cuestiona veladamente las políticas de Rajoy. Han sido los primeros en revisar a la baja nuestras expectativas para el año próximo, donde ya auguran una caída de, como mínimo, el 0,6% de nuestro PIB. Rajoy ¿es usted imbécil? ¿No se da cuenta que el problema no está en los funcionarios  ni en los parados? ¿Quiere hacer el favor, de una maldita vez, de darse cuenta que el problema de deuda de los mercados es un problema de la arquitectura de la moneda única?

Hans-Olaf Henkel, uno de los ideólogos de esta pifia de moneda que nos colaron, ha repudiado públicamente su criatura, a la que califica como <<el mayor error de su vida>>. Es uno de tantos y tantos economistas que consideran que sólo una reforma en profundidad del euro puede salvar la economía del continente.

Pero Rajoy no atiende a razones. Mucho menos Soraya, Esperanza o Cospedal. Sus verdades son absolutas. Y si no gusta, pues <<que se jodan>>, como dijo la Fabra. Bien, pues los españoles no nos resignamos a sus verdades de sacristía y penitencia. Saldremos a la calle de manera pacífica y democrática. Os lo pasaréis por el forro, como siempre. Mañana saldrá la <<Espe>> y escupirá alguna de sus lindezas contra los manifestantes. Vale, lo sé, pero ¿sabéis una cosa? Si ladran es que cabalgamos, que se jodan. 

Un día como este

Un día como este, pero de 1789, los parisinos tomaron al asalto la Bastilla. Un viejo amigo, escéptico y pesimista existencial, pero bastante buena gente, dice que, si el pueblo llega a saber lo que vendría después, se hubiesen dado la vuelta y regresado pacíficamente a sus casas.

Supongo que la humanidad está condenada a sufrir una desilusión constante. Ni la libertad conquistada aquel día fue para todos ni para siempre; tampoco la democracia y la prosperidad trabajada durante años nos han servido de mucho.

¿Tenemos los humanos un gen gilipollas o es que en el fondo somos masoquistas? Sorprende el número de veces que caemos en los brazos de imbéciles y corruptos. Parece que nuestro destino, el karma del que hablan los budistas, está marcado por la incompetencia de los gobiernos y la pasividad de las sociedades.

La historia es una sucesión de traumas. De causas perdidas y oportunidades que dejamos pasar. Los españoles podemos cargar las culpas sobre reyes felones, políticos corruptos y  curas fanáticos – que de los tres hemos tenido para dar y regalar –, pero todos somos responsables en lo que nos sucede. Por acción u omisión.

Con alegría dejamos que se inflase la burbuja inmobiliaria hasta que nos estalló en la jeta. Con alegría permitimos a los bancos inundar el país con dinero barato, como si ellos fueran los dueños de la imprenta y no fuese a llegar  nunca el día de pagar la cuenta. Con alegría nos desentendimos de los asuntos públicos y nos dedicamos cada uno a lo suyo: amasar cuanto más mejor y si te he visto no me acuerdo. Mientras, los políticos, buscaron el interés propio. No bastó con que metieran la mano en la bolsa; algunos hasta se la llevaron a casa. De paso, como nadie los controlaba, crearon una red clientelar, de estómagos agradecidos y vagos con sueldo público, que les ayudase a mantenerse en el poder si las cosas se ponían peludas.

Con la misma alegría e inconsciencia que hace años permitimos todo aquello, estamos permitiendo hoy que desmonten la sanidad pública y desmiembren la educación. Miramos hacia otro lado mientras construyen un país de enfermos y analfabetos.

Aplaudimos la llegada del Eurovegas, donde sea que al final ponga el huevo, sin reparar que nuestros hijos heredarán la fama que hoy tiene las Vegas. Que con todos mis respetos, no es el lugar donde me gustaría que crecieran mis nietos.

Asumimos la desilusión como una constante en nuestra historia. Y quizás sea cierto. Pero aquel 1 de julio de 1789, los hombres y mujeres de París sacudieron los miedos y las dudas, fueron dueños de su destino y cambiaron el rumbo de la historia.

Andaba el barón de Besenval por la explanada de los Campos de Marte con más miedo que vergüenza. Sabía que la cosa iba en serio. Suerte tendría si lograba salvar su pellejo. Preguntó a sus soldados si marcharían contra los amotinados. La respuesta unánime fue que no, y la Bastilla quedó a merced de los amotinados. El destino, por un día, se puso de nuestra parte.

Ana Mato y la “cosa natural”

En el foro Farmaindustria, la patronal farmacéutica, la ministra de Sanidad se ha descolgado con uno de esos discursos que tienen la cualidad de cabrear a todos. Dice la ministra que eliminará del vademécum aquellos medicamentos que a su juicio tienen escaso valor terapéutico y que se pueden sustituir con <<alguna cosa natural>>. Enfado pues de la industria, pues peligran ventas; enfado de los usuarios, pues les preocupa el deterioro del sistema sanitario; y enfado también de los profesionales de las terapias naturales y alternativas ante la forma despectiva de referirse a su trabajo.

Parte de la prensa, en especial la más próxima a la izquierda, ha puesto en duda la capacidad terapéutica de las alternativas a los fármacos alópatas con el objeto de criticar a la ministra Ana Mato. Sin embargo, gran parte del discurso no deja de estar fundado en prejuicios y falta de información.

Las medicinas naturales han demostrado sobra capacidad terapéutica y preventiva. En especial, son recomendables en afecciones leves, pero de carácter crónico, y como coadyuvantes en los tratamientos más agresivos que propone la medicina alópata.

Terapias como la acupuntura, quiropráctica, homeopatía, fitoterapia, osteopatía o magnetoterapia, por nombrar a algunas, ofrecen resultados muy alentadores en centenares de patologías de diversa índole. Además de ser un medio muy adecuado para encontrar el equilibrio vital necesario para el bienestar del individuo.

La filosofía de estas terapias alternativas: <<tratar personas, no enfermedades>>, ha hecho que se  conviertan, por derecho propio, en una opción muy aceptada por la sociedad. De hecho, su crecimiento en España ha sido imparable desde hace décadas y al margen de las crisis económicas.

Por desgracia, algunas de estas terapias son muy caras y no están al alcance de todos los bolsillos. Ni existe tampoco en nuestro país una legislación que garantice los derechos los pacientes cómo de los profesionales de estas terapias.

Lejos de cuestionar a Ana Mato poniendo en duda la capacidad de las alternativas a la medicina alópata, lo que deberían hacer ciertos medios de comunicación, es generar el debate que logre el marco legal necesario para la práctica segura de estas terapias y su integración en el modelo de sanidad pública.

Porque lo realmente cuestionable de la decisión de Ana Mato, no es sustituir terapias alópatas por otras naturales menos agresivas. Lo cuestionable es que las terapias naturales sólo están al alcance de los bolsillos más pudientes.

Existe, aunque algunos no quieran verlo, un abuso en el uso de los fármacos. Muchos de los medicamentos que se ingieren para afecciones menores, pueden ser sustituidos con éxitos por alternativas naturales que no presentan contraindicación alguna. Sin embargo, si no se apuesta por ellas desde el sistema público de salud, estas alternativas quedaran sólo a disposición de los más pudientes. Contra esto es contra lo que se debe alzar la voz, pero no cuestionar las terapias naturales con el propósito de desacreditar a una ministra. 

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